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Inspectores socialistas

15 de diciembre de 2013Publicaciones de los Socios  

Después del embrollo de la destitución de altos responsables de la Agencia Tributaria los ciudadanos se van a quedar con la percepción de que ésta no es neutral y tiende a los favoritismos

LOS días pasados, hemos presenciado un lamentable espectáculo derivado de las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, relacionadas con la destitución de varios Inspectores de Hacienda que detentaban altas responsabilidades en la Agencia Tributaria. Siendo grave el asunto, las consecuencias han sido aún mayores por otras declaraciones realizadas por el ministro -en un tono chulesco y soberbio- sobre una posible condonación en el pago de impuestos a una multinacional extranjera y por las advertencias completamente inaceptables realizadas, de manera genérica, a determinados medios de comunicación por el impago de impuestos.

Las declaraciones tienen un alcance que comprende varios aspectos.

En primer lugar, la independencia de la Agencia Tributaria. El sectarismo en el nombramiento de cargos públicos es grave cuando se trata de instituciones básicas del Estado de carácter muy técnico. Afirmar que los responsables destituidos eran todos socialistas es una grave irresponsabilidad. ¿Van a ser sustituidos por otros que sean del PP? Lo que el ministro tiene que averiguar es si esos inspectores que tienen altas responsabilidades en la Agencia están realizando sus trabajos con diligencia. Nada más. En otro caso, se transmite a los ciudadanos la idea de que los altos responsables de la Agencia son socialistas o populares, y que resulta irrelevante que sean profesionales competentes.

Hace unos meses, ya se produjo otro escándalo al intentar nombrar a dos profesionales con lazos familiares muy estrechos con sendos ministros para la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). La independencia de estos organismos resulta fundamental para que puedan ejercer sus funciones. ¿Se puede ser independiente así?

En segundo lugar, el ministro se ha jactado de contar con información sobre quién debe dinero, y especialmente los medios de comunicación. Ésta es una actitud bastante generalizada entre los partidos políticos cuando gobiernan, en relación con todo tipo de asuntos y está directamente relacionada con la transparencia en la vida pública y en sus instituciones.

No nos engañemos, España no quiere tener instituciones transparentes. Durante muchos años, el ejercicio del poder ha provocado que los partidos se sientan dueños de las instituciones, sobreponiendo sus intereses a los de las instituciones públicas, validando la teoría de la captura del Nobel George Stigler.

Una nueva ley de transparencia solo estará bien orientada y tendrá éxito si existe una fuerte demanda social para que así sea. ¿Existe esa demanda en España? Parece que sí, por las declaraciones que hacen los partidos, pero cuando llegan al poder no lo cumplen. ¿Y de los ciudadanos? También lo dudamos. En este y otros asuntos, los ciudadanos sólo perciben su valor cuando tienen la necesidad de ejercer individualmente el derecho a la información. Es entonces cuando perciben las facilidades o dificultades para ejercerlo.

No olvidemos, adicionalmente, que venimos de una dictadura en la que todo era opaco. Las leyes cambian formalmente muchas actitudes y comportamientos. Pero más allá de los aspectos formales, manifiestan una gran inercia que, proveniente del pasado, tardan más de una generación en cambiar.

En tercer lugar, amenazar a los medios porque están retrasados en el pago de impuestos, resulta una coacción y un chantaje inaceptables en un sistema democrático.

En muchas ocasiones, cuando un responsable político realiza afirmaciones acerca de un asunto público, existe una institución del Estado detrás que tiene otorgadas las responsabilidades de gestión sobre ese asunto. Las afirmaciones del responsable político son la manifestación visible que podrá ser contestada por otros políticos, quedando así dañada la imagen pública del responsable. Pero los políticos van y vienen. Lo que queda es la institución pública responsable del asunto. Ésta es la que permanece, la que sobrevive a los políticos, a los partidos y al resultado de las siguientes elecciones.

Si la institución pública queda dañada como resultado del embrollo, se hace un daño letal al sistema democrático, poniendo en tela de juicio las funciones de la institución, que deben ser neutrales políticamente, fomentando el escepticismo, cuando no el descreimiento, de los ciudadanos hacia esa institución. Estos daños suelen ser muy difíciles de reparar, porque la reputación tarda décadas en ganarse, mientras que el descrédito se genera en un instante.

Y en cuarto lugar, cargarse la reputación de una institución tan importante como la Agencia Tributaria. No se trata de una institución cualquiera. En todos los países desarrollados, la agencia del Estado responsable de la recaudación de impuestos es una institución esencial como pocas. Hunde sus raíces en los orígenes de los Estados modernos, cuando estos empiezan a organizar una estructura permanente que les permite recibir un flujo continuado de ingresos, con el objetivo de suministrar a los ciudadanos servicios esenciales para su funcionamiento y su extensión a toda la población.

De todo el embrollo causado por la destitución de altos responsables de la Agencia Tributaria, los ciudadanos y contribuyentes se van a quedar con la percepción de que la Agencia no es neutral, porque las sospechas de favoritismo a una gran multinacional para que se instale en España -y presumiblemente a miembros de la familia real- a cambio de condonar el pago de impuestos, no se han disipado.

Éste es un asunto muy grave, porque rompe el principio de igualdad de los contribuyentes ante la Hacienda Pública. Será muy difícil reparar esa imagen de favoritismo. Muchos contribuyentes responderán intentando defraudar más impuestos. Los discursos de los responsables políticos hablando de Hacienda somos todos, van a mover más a la indignación que a la risa.

Adicionalmente, los ciudadanos van a percibir que los inspectores de Hacienda con altas responsabilidades, tienen que tener el carnet del partido político que gobierne para acceder a esos puestos. No creemos, además, que contribuya a elevar la moral dentro de los inspectores; profesionales que han tenido que pasar unas duras oposiciones para acceder al cuerpo. Que el progreso profesional quede condicionado a las simpatías políticas de los responsables de turno representa un grave ataque al estímulo personal para mejorar, llevar con diligencia y con profesionalidad los asuntos que traten, en sus servicios al Estado.

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