CONCLUSIONES DEL OBSERVATORIO ECONÓMICO DE ANDALUCÍA SOBRE LAS DESIGUALDADES DE RENTA
El Observatorio Económico de Andalucía constata el elevado nivel que ha alcanzado las desigualdades de renta en el mundo desarrollado, que está ralentizando la salida de la crisis económica y puede convertirse en un caldo de cultivo idóneo para el despliegue de actitudes y políticas que pueden ir en contra de la valoración social del sistema democrático y del modelo de economía de libre empresa. A raíz de la conferencia del profesor del IE Business School Rogelio Velasco, socio del O.E.A., esta entidad privada e independiente, estima que es necesario realizar una valoración de los efectos económicos del aumento de la desigualdad, al estar afectando no ya a los estratos de población con menor renta, sino también a la amplia clase media, debilitando los efectos expansivos de las políticas monetarias y fiscales que se instrumentan para impulsar el crecimiento económico.
La desigualdad de rentas ha crecido con la crisis económica pero no sólo es consecuencia de ella, puesto que su aumento se viene constatando a lo largo de las tres últimas décadas. Pero en el periodo 2007-2011, el 10% más pobre de la población de los países de la OCDE ha reducido su renta disponible el doble que el 10% más rico y tres veces más que la media. De los 33 países miembros, en 19 se ha constatado esa evolución y en 12 se ha reducido la desigualdad. La pobreza relativa afecta a un 12% de la población del conjunto de esos países y en España al 15%, habiéndose incrementado 1,7 puntos en los cuatro años de ese periodo.
Entre los países de la OCDE, España es de los que más ha visto aumentar esa desigualdad, si bien su valoración es diferente según los parámetros que se utilicen para medirla; si se consideran grupos numerosos de perceptores de renta, pueden incluso encontrarse reducciones de las diferencias salariales, pero éstas se acentúan con segmentos más reducidos, de tal manera que lo que se evidencia con los datos es un aumento de la dispersión por los crecimientos excesivos de las rentas de quiénes las tienen más altas. En todo caso, el principal motivo del aumento de la desigualdad en España, es la destrucción de empleo generado por la crisis. El propio Fondo Monetario Internacional acaba de señalar como fundamental en este tema, el hecho de que los beneficiarios de la situación económica actual sean una pequeña minoría frente a las grandes dificultades de acceso al mercado de trabajo de grandes grupos de la población.
La desigualdad de rentas tiene su explicación básica en la de los salarios, que representan como media el 75% de la renta familiar y, en sectores muy amplios de ciudadanos, el 100% de la misma. Aunque los impuestos y las transferencias públicas han paliado en parte el aumento, desde los años noventa han sido menos efectivos por la magnitud alcanzada por las desigualdades así como por la extensión de las políticas de reducción de impuestos y del Estado de bienestar sobre la base de la necesidad de conformarlo a las posibilidades de cada país.
La globalización también ha podido influir en el crecimiento de la desigualdad, especialmente en los países emisores de capitales pero ha posibilitado el incremento de la actividad económica, de la riqueza y del empleo, así como la mejora de las condiciones de los mismos, en los receptores de inversiones exteriores y en los países emergentes. En todo caso, la evidencia empírica de los efectos de la globalización sobre la desigualdad, no es concluyente. De la misma forma, el cambio tecnológico también ha tenido una función destacada en ese aumento, haciendo obsoletas determinadas funciones y actividades y favoreciendo la obtención de beneficios por los profesionales que usan y dominan las nuevas tecnologías. La desregulación en los mercados, la ausencia de una homogeneización fiscal, los cambios sociales y la pérdida de poder de los sindicatos son otras causas.
Entre las consecuencias del aumento de la desigualdad y del excesivo nivel alcanzado está el estímulo que supone para una crítica populista del sistema económico de libre empresa, la desafección hacia el mismo de amplios sectores de las clases medias (y no solo de los asalariados) el aumento de las actitudes proteccionistas en las economías más vulnerables y de los sentimientos antiglobalización en las capas más perjudicadas por esta evolución.
El OEA considera necesario una reevaluación de la política fiscal, que tenga en cuenta no solo los tipos impositivos, sino también las deducciones fiscales, intensificando la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, la no reducción de los gastos sociales para atender a los más perjudicados y evitar que nuevos colectivos caigan en la pobreza y la exclusión social, aumentar la inversión en mejorar la formación de las personas y en facilitar el empleo en actividades con mejores opciones de futuro. Todas estas medidas, y otras que pudieran adoptarse, deben ser diseñadas de tal forma que no desincentiven la actividad de los agentes económicos más activos y con la filosofía de que la solidaridad y la cohesión social es un bien a mantener en una sociedad moderna y civilizada.
