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Las empresas españolas perciben un deterioro del entorno de negocios y de la competitividad nacional derivado de factores claves como la excesiva intervención gubernamental en actividades empresariales (91,6%), la falta de transparencia en decisiones públicas (89,4%) y el deterioro de la calidad institucional (85,9%) y de la inseguridad jurídica (84,1%). Por otro lado, la baja productividad y la incertidumbre geopolítica siguen siendo los principales desafíos para la economía española, a pesar de lo cual, más de dos tercios de los encuestados esperan que la evolución de su sector se mantenga o mejore en 2026; de hecho, casi el 50 por ciento espera una mejora de su facturación, aunque menos de un 20 por ciento prevé un aumento de sus márgenes.

La presentación de los resultados de la encuesta corrió a cargo de Miguel Iraburu, presidente del grupo de trabajo responsable de ella en el Círculo de Empresarios, y de José Luis Galán, vicepresidente del Observatorio Económico de Andalucía, entidad que colabora en su realización junto con otras similares en una docena de territorios de España. En Andalucía también es colaboradora de este trabajo CESUR, la Asociación de Empresarios del Sur de España.  El acto de presentación se celebró en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla.

La Encuesta empresarial 2025 es un estudio que evalúa la percepción de cerca de 400 empresas españolas, de todos los sectores productivos y de todos los tamaños, aunque entre medianas, pequeñas y micro suman más de la mitad, sobre la situación económica y sus perspectivas, así como de los efectos de la actual política económica en la competitividad y las decisiones empresariales. Miguel Iraburu calificó de preocupante la valoración empresarial de la política nacional, evidenciando que existe una brecha entre los gobernantes y los responsables de la creación de riqueza en la actividad productiva nacional”.

Los principales obstáculos a los que se enfrentan las empresas españolas son los costes laborales (50,6% de respuestas) y las cargas burocráticas (48,3%), siendo el entorno regulatorio y burocrático el principal freno al crecimiento para aproximadamente el 74%. Otros temas que preocupan son el absentismo laboral, la fiscalidad o la incertidumbre política.  La atracción y retención de talento y el control de costes son las prioridades de gestión para 2026, así como la innovación en productos y servicios y la transformación digital. De hecho, más de la mitad de las empresas planea aumentar la inversión en ciberseguridad, inteligencia artificial y digitalización.  En relación con la inteligencia artificial, más del 90% de las empresas cree que mejora la eficiencia del trabajo, el 50% cree que ayuda a la diversificación de mercados y productos ó servicios y aumenta los márgenes.

Las empresas demandan urgentemente reformas estructurales en fiscalidad, simplificación administrativa y gestión de fondos europeos. Las prioridades de política económica incluyen el ajuste de cuentas públicas mediante contención del gasto, un marco fiscal impulsor de la actividad y reducción de carga reguladora. En cuanto al análisis del gasto público en España, los resultados de la encuesta reflejan un alto grado de escepticismo: más del 90% considera que la gestión del gasto público en España no es eficiente.

Para revertir esta situación, las empresas señalan dos prioridades clave para mejorar la eficiencia de la Administración Pública: la simplificación y mayor agilidad burocrática (75%) y la potenciación de la evaluación de la eficiencia del gasto y de las políticas públicas (60%). En materia fiscal, casi el 80% reitera que la carga impositiva actual es perjudicial para la competitividad. Los encuestados demandan reformas impositivas concretas enfocadas en mejorar la competitividad, destacando como principales prioridades los incentivos fiscales a la inversión (72%) y la reducción de las cotizaciones sociales a cargo de la empresa (65%).  Respecto a la educación, se valora muy positivamente el impulso de la Formación Profesional y la formación dual. En cuanto a la innovación, los empresarios se muestran a favor de una mayor colaboración Universidad-empresa en investigación y el fomento de la investigación aplicada con proyectos de financiación y colaboración público-privada.

También consideran las empresas españolas que la experiencia con los Fondos Next Generation EU sigue siendo deficiente: el 75% de las encuestadas describe su gestión como mala/muy mala y más del 60% no ha solicitado los fondos europeos, ya sea porque su sector no está incluido en las políticas palanca o por la complejidad de los trámites administrativos. Los principales destinos en caso de obtener fondos son la mejora del nivel de digitalización de las empresas y el inicio o impulso de la I+D+i.

Finalmente, también intervino en la presentación Fernando Casas, socio del OEA y de la consultora KPMG, quién esbozó algunas líneas sobre lo que, en su experiencia, preocupa en estos momentos en la empresa andaluza, coincidiendo con una información de la Encuesta en el sentido de que las andaluzas son más optimistas que las empresas españolas y no solo lo fueron en el año pasado sino también en el anterior.

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