Bancos sin oficinas ni empleados, suministro inmediato en domicilio de las compras realizadas a través de internet o el teléfono como medio de pago, en sustitución del dinero físico. La economía digital desplaza a marchas forzadas a la convencional y para los gobernantes no existen más opciones que la de afrontar el reto de la manera más inteligente posible. La Estrategia de Impulso del Sector TIC en Andalucía, 2020 va en esa dirección, así como desde 2013 la denominada Agenda Digital Española, subsidiaria de la del mismo nombre en Europa, y en todas ellas las claves son el conocimiento y la innovación.

El problema es que la innovación y la economía digital no responden al mismo tipo de impulsos de localización que el resto de las actividades económicas (acceso a los mercados, a los recursos o minimización de costes), sino que tienden al comportamiento de club. La innovación llama a la innovación, por lo que para beneficiarse de sus consecuencias es imprescindible estar en un circuito en el que Andalucía no está demasiado bien posicionada, como en 2017 acreditaron el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y BBVA Research.

El consejero de Economía, Innovación y Conocimiento pronunció una conferencia en la Universidad de Málaga hace dos semanas. Durante una hora estuvo hablando de economía andaluza sin mencionar el último dato de crecimiento, de creación de empleo o de evolución del paro. Sólo habló de economía digital, universidades, conocimiento e innovación. Sorprendente que centrase su intervención en cuestiones que sólo son relevantes en el largo plazo, sobre todo porque, en plena campaña, el rédito electoral de las iniciativas que propone será probablemente insignificante y seguramente habrá dejado de ser consejero cuando comiencen a percibirse sus efectos, si es que llegan a producirse.

El peso de las TIC en la economía andaluza es reducido (1,44% del PIB) y se ha reducido durante la crisis, aunque con tendencia a estabilizarse desde 2016. En España es aproximadamente el doble y, aunque también cayó con la crisis, ha estado creciendo desde 2015. El peso de Andalucía en la economía española es 13,3%, mientras que el de la población es 18%. Si aceptamos como normal para un indicador de peso relativo cualquier valor comprendido entre estas dos cifras, debemos admitir que la economía digital y del conocimiento en Andalucía es excepcionalmente reducida. En 2017 el peso del sector TIC era del 9,2%, mientras que las empresas tecnológicas localizadas en Andalucía representaban el 11,8% del total. Algo menor es el peso de las exportaciones TIC (8,2%), pero sobre todo el del gasto interno en I+D que realizan las propias empresas (6,5%) y la inversión extranjera de contenido tecnológico (menos del 1% del total español). En todos los casos citados, no obstante, el peso de Andalucía en el conjunto de España no ha dejado de aumentar desde el inicio de la crisis, salvo el de inversión extranjera.

Cerrar la brecha digital con el resto de España parece un reto formidable por la magnitud y por la lentitud del proceso, pero la única forma de conseguirlo es ponerse a trabajar en serio cuanto antes.

Los estudios sobre convergencia regional coinciden en que los desequilibrios territoriales en España están más o menos como hace 40 años. Ésta es la impresión general, pero si se entra en el detalle de los datos que conducen a esta conclusión se pueden añadir algunas precisiones de indudable interés para la controvertida política territorial.

Madrid ha sido, sin lugar a dudas, la comunidad más beneficiada del denominado «Estado de las autonomías». En lo que va de siglo ha conseguido aumentar en 1,4 puntos su participación en el producto nacional, mientras que la segunda, Cataluña, tan sólo lo ha hecho en un cuarto de punto. En sentido contrario, Castilla y León, cuya participación en el PIB nacional se ha reducido en 0,65 puntos desde el año 2000, habría sido la más perjudicada, seguida de Comunidad Valenciana, Canarias y Asturias. Andalucía también figura, aunque en menor medida, entre las perjudicadas.

La dinámica territorial de la economía española es intensa y con matices no siempre bien conocidos. Quizá el más interesante sea el aumento de la concentración de la actividad económica en las comunidades más desarrolladas. Un dato bien elocuente es que de las 17.753 empresas extranjeras con establecimientos en España en 2017, 4.831 estaban localizadas en Madrid y 4.187 en Cataluña, es decir, más de las dos terceras partes del total.

Un segundo matiz de interés es el sectorial. Madrid, Andalucía y Cataluña son, por este orden, las economías regionales que menos se parecen a la del conjunto de España. Madrid, porque concentra casi la mitad de la producción nacional del sector de la información y las telecomunicaciones y la tercera parte de las actividades profesionales, científicas y técnicas. Cataluña también resulta atractiva para el sector de información y telecomunicaciones, así como para el sector inmobiliario y los de administraciones públicas, sanidad y educación. En Andalucía también aumentan las actividades inmobiliarias entre 2000 y 2018, pero sobre todo la aportación del sector primario a la producción nacional, mientras que reduce la de actividades de contenido tecnológico y de servicios profesionales, científicos y técnicos.

La crisis de 2008 también tuvo importantes efectos territoriales. Madrid, Cataluña, Baleares y País Vasco fueron las más resistentes, mientras que Comunidad Valenciana, Andalucía y, en menor medida, Castilla y León y Asturias, fueron las más vulnerables, lo que supuso el final del intenso proceso de convergencia durante la burbuja inmobiliaria y el inicio de una acusada dinámica divergente.

La dinámica de concentración territorial de la producción y el empleo continuará en los próximos años en España, salvo que lo impida el procés en Cataluña o se adopten políticas ad hoc para corregirlo. Las actividades de mayor contenido tecnológico y los servicios profesionales, científicos y técnicos continuarán siendo las más proclives a la aglomeración, con puntuales efectos positivos de derrame por proximidad, como el de Castilla-La Mancha, aunque, para comunidades como la andaluza, la perspectiva sigue siendo la de un mayor peso relativo en actividades de corte tradicional.

Tanto el número como el importe de las hipotecas cayeron con fuerza en el mes de agosto. En España un 28,1% y un 22,8%, respectivamente, mientras que en Andalucía el número se redujo en un 30% y el importe en un 18,6%. El dato invita a ser tomado como una señal de alarma ante los nubarrones de crisis que se ciernen sobre ambas economías, aunque, en este caso concreto, parece razonable mantener cierta prudencia en su valoración. Por un lado, porque el comportamiento del mercado hipotecario en lo que va de año, salvo en agosto, está siendo bastante similar al del conjunto de 2018, cuando se mantuvo la tónica de recuperación de los últimos años en el sector, con un crecimiento moderado, pero sostenido, con respecto al anterior. Por otro, porque la caída no es generalizada en todos los segmentos del mercado hipotecario, sino que se limita a las constituidas sobre viviendas. Sin duda el más importante de todos, pero si el tono general de actividad se mantiene en las hipotecas sobre fincas rústicas y solares, habría que considerar que el desplome, si es que se mantiene, podría estar afectado por la incertidumbre que introduce la inestabilidad política y por la pérdida de confianza de los hogares sobre la evolución a medio plazo de la economía. Por último, también hay que tener en cuenta los cambios que está experimentando el sector como consecuencia, tanto de la nueva normativa hipotecaria, como de los reducidos tipos de interés.

En el mes de junio entró en vigor la nueva Ley de Crédito Inmobiliario, que repercute sobre los bancos la práctica totalidad de los gastos de constitución de hipotecas, salvo los de tasación, y a los que obliga a estudiar detenidamente la solvencia del demandante, incluyendo la valoración de su situación económica tras la jubilación, cuando el periodo de devolución se extiende hasta entonces. También se persigue el abuso en el establecimiento de comisiones de apertura, que se mantienen, pero siempre que estén justificadas por prestación de servicios solicitados por el cliente. Además, desde el pasado mes de septiembre, los bancos han visto limitada su capacidad ejecutiva (desahucios) al impago de doce cuotas. Todo ello se traduce en nuevos incentivos para continuar distanciándose del mercado hipotecario y para continuar con la apuesta por activos de bajo riesgo que mantienen desde hace algún tiempo.

Los reducidos tipos de interés también influyen de manera decisiva en los cambios que está experimentando el sector. Las hipotecas a tipo variable se constituyen incrementando el Euríbor (el tipo de préstamos entre bancos) en un determinado porcentaje (por ejemplo, un 1%), por lo que, si el Euribor está en negativo desde 2016, la oportunidad parece inmejorable para los solicitantes. Los bancos podrían no estar de acuerdo con esta apreciación y han reaccionado ofreciendo hipotecas a tipo fijo en el entorno del 3%, cuando la media en las de tipo variable está en 2,3%. Las consecuencias son que las primeras crecen hasta el 43% del total (en 2016 eran el 10%), en detrimento de las de tipo variable, y que se reduce el umbral de riesgo aceptable y, con ello, también el tamaño del mercado.

La formación del nuevo Gobierno en Andalucía vuelve a poner en candelero el debate sobre el cambio en el modelo productivo. Nadie supo ofrecer muchas precisiones cuando se planteó a raíz de la crisis de 2008, pero la nefasta experiencia de la burbuja inmobiliaria, el posterior hundimiento del empleo y los salarios y la convicción de que en las futuras estrategias habría que ser más sensibles con el largo plazo, llevó a proponer que el nuevo modelo tendría que ser sostenible en términos económicos, sociales y medioambientales.

Han pasado muchos años desde aquellas reflexiones, sin que se hayan sabido encontrar alternativas claras al ladrillo o frenar la precariedad laboral y el resultado es que la economía andaluza sigue siendo tan vulnerable como siempre a las turbulencias externas. Mi impresión es que hemos empleado demasiado tiempo en buscar el sector o sectores que debían sustituir a la construcción como motor de la economía y nos hemos olvidado de las reformas estructurales, imprescindibles en cualquier pretensión de cambio de modelo productivo.

Desde una perspectiva estrictamente económica, el planteamiento reformista en Andalucía debería centrarse en la sostenibilidad financiera del modelo de bienestar, en el establecimiento de un marco claro y menos intervencionista en las relaciones entre el sector público y el privado y en la reforma de las instituciones.

En sus orígenes, la economía concedió un papel importante a las instituciones a la hora de explicar el funcionamiento de los mercados, pero luego se olvidó de ellas. Con mercados perfectamente competitivos e informados y sin costes de transacción, las únicas instituciones necesarias para una economía eficiente son las que determinan el ajuste de los precios. La Nueva Economía Institucional vino a poner las cosas en su sitio, hace ahora aproximadamente medio siglo, de la mano, entre otros, de Douglas North y Ronald Coase. Las imperfecciones en los mercados son más habituales de lo que reconocían los economistas neoclásicos, por lo que sus soluciones son, con frecuencia, ineficientes y las instituciones están en el centro del problema. North se refería a ellas como «limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana» y pueden definirse como el conjunto de normas que regulan las relaciones económicas.

La principal función de las instituciones es la de proporcionar a la sociedad un cuadro de incentivos que permita una asignación eficiente de los recursos y el reconocimiento del esfuerzo y la capacidad como patrones de progreso personal. Pensemos en las bolsas de empleo de organismos públicos y en las reglas por las que se decide el mejor candidato. Ante un comité de selección independiente, el candidato tiene incentivos para trabajar duramente en su formación y su currículo, pero si el comité lo integra representantes sindicales o de partidos, es probable que considere la vía de la afiliación como la más rentable. El ejemplo sirve para entender que un sistema institucional inadecuado realizará una asignación ineficiente e injusta de los recursos, además de convertirse en un obstáculo al progreso económico y social.

https://www.diariodesevilla.es/opinion/analisis/sostenibilidad-sistema-bienestar-andaluz_0_1321667865.html

La sanidad andaluza, la joya de la corona del anterior Gobierno, es ahora una de las peores de España y la que ha experimentado el mayor deterioro en los últimos años. Lo afirma la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que achaca el problema a los recortes presupuestarios, hasta el punto de que la ratio de gasto público sanitario por habitante (1.106 euros) ya es la más reducida del país. También somos los peores en personal sanitario, en atención especializada y en plazas hospitalarias por habitante.

Con la educación ocurre algo parecido, lo que significa que la sostenibilidad financiera del núcleo central del conjunto del sistema de bienestar andaluz se encuentra gravemente amenazado.

Para encontrar el origen del problema hay que remontarse a los inicios de la Unión Económica y Monetaria Europea, cuando todos admitían que el proyecto sería beneficioso para el conjunto, aunque para unos más que para otros. La clave era la productividad. Habría menos empresas, pero más grandes, lo que presagiaba un intenso proceso de fusiones y absorciones empresariales que para Andalucía podría resultar perjudicial.

Se cumplió el pronóstico, a pesar del ambicioso programa de política regional para elevar el nivel de productividad en las regiones perjudicadas y para ayudar a recuperar tejido productivo y empleo perdidos durante la integración. Simultáneamente, los países del norte de Europa comenzaron a mostrar su preocupación ante el riesgo de que una inmigración masiva de desempleados desde la ribera mediterránea pudiera amenazar sus potentes sistemas de bienestar. Para impedirlo se decidió que las regiones beneficiarias de las ayudas al desarrollo pudiesen emplearlas en el fortalecimiento de sus respectivos sistemas de bienestar.

Andalucía aprovechó la oportunidad y no sólo se construyeron hospitales, escuelas y universidades, sino también polideportivos, piscinas públicas, teatros, museos y empresas públicas para el fomento de la danza, la música o las letras. También se produjo una espectacular transformación en las infraestructuras de comunicaciones, pero la repercusión de todo ello sobre la productividad fue reducida, lo que ayuda a explicar el fracaso de los programas para la regeneración del tejido productivo y la creación de empleo.

Los problemas vinieron con el recorte de los fondos europeos y la constatación de que los recursos generados internamente eran insuficientes para mantener la complejidad del tinglado. Ante esta situación, una de las prioridades del nuevo Gobierno tendrá que ser la definición de nuevos parámetros de sostenibilidad a largo plazo del sistema de bienestar. Por un lado, tendrá que buscar la forma de reducir la dependencia de recursos financieros externos, que hace tiempo dejaron de llegar, e intentar ajustar su dimensión a las posibilidades reales de la economía andaluza. Por otro, priorizar la recuperación de los servicios públicos fundamentales, dejando en segundo plano los aspectos superfluos del sistema de bienestar levantado con la generosidad de las ayudas europeas, pero tan vulnerable a los episodios de inestabilidad financiera.

Todas las estimaciones apuntan a que el PIB andaluz habrá crecido en 2018 alrededor del 2,5% y que el empleo habrá aumentado cerca del 2%. También hay coincidencias en que para 2019 se espera una moderación en el crecimiento, probablemente entre 2 y 4 décimas, en línea con los pronósticos para el conjunto de España, pero manteniendo las distancias con Europa. También se espera que se mantenga la creación de empleo, en este caso por debajo del 2%, lo que resulta bastante elocuente sobre la reducción de las exigencias de crecimiento para la creación neta de empleo.

A diferencia de lo que Carlos Usabiaga (Universidad Pablo de Olavide) estimaba en 2010, ahora ni Andalucía ni el conjunto de España tienen necesidad de crecer por encima del 2,5% para reducir el desempleo, lo cual suena a magnífica noticia para la comunidad con mayor tasa de paro (22,85%, 8,3 puntos mayor que la española), salvo por dos inconvenientes. El primero de ellos es que, a corto plazo, el crecimiento del empleo a tasas cercanas a las del PIB se traduce en la disminución, o estancamiento, de la productividad laboral. La etapa de intenso crecimiento del empleo que se inició en 2014 dio lugar a variaciones negativas en la productividad laboral, que duraron hasta finales de 2015. En 2016 se ralentizó la creación de empleo y la productividad regresó a tasas positivas, pero en 2017 se reprodujo la combinación de fuerte creación de empleo y caída de la productividad. En la actualidad asistimos a un nuevo deja vu, con tasas positivas, pero moderadas, de ambas variables.

El segundo inconveniente es que la combinación de fuerte crecimiento en el empleo y de contención o caída en la productividad sólo es posible si viene acompañada de bajos niveles salariales. Si aceptamos que una empresa solo contratará a un trabajador cuando el aumento esperado de los ingresos supere al de los costes, parece lógico concluir que el aumento del empleo en un contexto de caída o contención de la productividad sólo puede ocurrir cuando los salarios sean lo suficientemente reducidos como para que las empresas acepten contratar a los menos productivos.

El aumento de la productividad es imprescindible para mantener la competitividad de nuestras empresas y para evitar que las preferencias de localización de las nuevas inversiones empresariales continúen esquivando Andalucía, pero también para el crecimiento de los salarios y la reducción de la desigualdad. Lo que hemos observado durante la crisis es que las ganancias de productividad repercuten negativamente sobre el empleo, salvo que los salarios se contraigan lo suficientemente, pero plantear el dilema en términos tan cortoplacistas puede ser un grave error. Existen otras fuentes de productividad, como la calidad de las instituciones, el capital humano y el tecnológico, el sistema educativo o las infraestructuras, en las que Andalucía sigue estando en desventaja. El problema es que, para comenzar a notar el efecto de las mejoras en cada una de ellas, hay que dejar pasar un cierto tiempo, casi siempre incompatible con las apretadas agendas electorales, pero que, como ya han hecho otros, habrá que poner en marcha en algún momento.

12/12/2015

El futuro nunca llega. Vivimos en un constante presente que va desgranando momentos que se convierten en pasado. Sin embargo, lo que sí nos alcanzan son algunos hechos que se configuraron en el pasado y que pensamos algún día tendrían lugar. Otras veces, lo que nos llegan son sucesos que ni siquiera fuimos capaces de prever; y entonces nos encontramos frente a verdaderas encrucijadas históricas que pueden cambiar el marco de referencia previo y prefigurar futuros radicalmente distintos.

A lo largo de la historia del sector hortofrutícola almeriense nos hemos enfrentado ya a sucesos de ambas naturalezas. Por ejemplo, en los 70 tuvimos que convencer a las autoridades que las sandías se podían exportar un par de meses antes de lo que hasta entonces se consideraba normal. Ese era un cambio prefigurado, previsible y necesario. Un ejemplo del segundo tipo sería el de la transformación radical al control biológico en apenas un par de campañas. En realidad era un futuro previsto, pero nadie imaginó que se precipitara de la manera que lo hizo.

Con la campaña 2014/2015 ya cerrada y metidos de lleno en la nueva, puede ser un buen momento para echar la vista hacia atrás y hacia delante y evaluar en qué medida nos estamos acercando a los futuros previstos o de qué forma estos futuros se nos están desviando. O redibujando.

Entre las tendencias más claras en las que estamos inmersos, la del residuo cero parece ser una de las más cercanas. Poco a poco, las reglamentaciones de las diversas administraciones y las propias exigencias de las grandes cadenas están reduciendo el catálogo de materias activas utilizables. Esta nueva exigencia posiblemente obligará a una nueva revolución en nuestros cultivos, que tendrán que integrar nuevas formas de manejo y, posiblemente también, tendrá que aplicar los conocimientos que hoy se están obteniendo sobre el manejo de los suelos y de su biota.

Otra tendencia evidente, y muy relacionada con la anterior, es la de la sostenibilidad. Se trata de cerrar todos nuestros círculos de materia, reduciendo al máximo los residuos de nuestros cultivos con la transformación de los residuos vegetales en fertilizantes, su aprovechamiento energético, el reciclado completo de plásticos y envases, la compensación de las emisiones de CO₂ relacionadas con el transporte y un amplio etcétera. En este terreno ya hay un camino andado, pero seguimos teniendo lagunas en algunas cuestiones. En relación a esto, debemos comenzar a articular una estrategia de uso del agua que minimice el riesgo de sobreexplotación de los acuíferos. No debemos olvidar que nuestra revolución transparente fue posible gracias al trabajo de unos agricultores esforzados, innovadores y valientes, pero también a la disponibilidad de un agua para riego de calidad. En dicha estrategia la reutilización, el ahorro (aunque cada vez hay menos margen aquí) y el uso de agua desalada tendrán una amplia cabida, así como el seguimiento constante y transparente del estado de nuestros acuíferos.

En los últimos tiempos estamos asistiendo a la caída de los precios de las materias primas, entre ellas las alimentarias. Las razones de estos descensos habría que buscarlas en la reducción de la demanda por el enfriamiento de las economías emergentes, al empeoramiento de las expectativas y a la situación de sobreproducción en algunos mercados agrarios, como puede ser el de la leche. Esta circunstancia, en un momento en el que el poder de mercado se encuentra fuertemente concentrado en manos de la distribución minorista, empuja a la baja los beneficios de toda la cadena de producción aguas arriba, hasta llegar a los agricultores. Estos, además, sufren un ‘efecto tijera’ sobre precios y costes a causa de sendos oligopolios en la demanda de sus producciones y en la oferta de los insumos necesarios. En este tipo de entornos, de rentabilidad decreciente, se produce la salida del sector de muchos agentes que no pueden soportar la presión. Muchas de las explotaciones, sin embargo, se añaden a otras más eficientes que con el aumento de dimensión intentan compensar la reducción de ingresos unitarios por la vía de unos mayores volúmenes. Así, en España hemos venido sufriendo la desaparición de explotaciones agrarias (a un ritmo de 13.800 anuales entre 2003 y 2013) y el consiguiente aumento de la dimensión media. Almería no ha sido una excepción y también está viviendo este proceso.

Este fenómeno, llevado al extremo, podría dar al traste con una de las características más singulares de nuestro modelo agrícola, como es su capacidad de distribuir renta entre muchos agentes. Un futuro de grandes empresas productoras en Almería podría estar comenzando a forjarse. Una forma de evitarlo sería la cooperación entre productores (independientemente de la forma jurídica elegida), de manera que se logren unidades de producción coordinadas de dimensión suficiente para competir en el mercado y aprovechar las posibles economías de escala. Obviamente, y como el lector ya ha supuesto, nos estamos refiriendo al proceso de concentración de la oferta.

A falta de tener pormenorizados los datos por empresas de la campaña, podemos confirmar que el proceso de concentración en Almería se sigue produciendo, aunque ya no basada en operaciones corporativas, sino por el movimiento de los propios agricultores que están votando con los pies y llevando sus producciones prioritariamente a las comercializadoras de mayor dimensión. Este curso, además, se han producido interesantes operaciones interregionales e intersectoriales que, a buen seguro, comenzarán a dar frutos en las próximas campañas. Es decir, el proceso a nivel macro se está conduciendo a un ritmo constante. Sin embargo, a escala micro (la de las explotaciones), el ritmo a lo mejor es demasiado lento como para permitir la supervivencia de muchos de nuestros agricultores.

A nivel comercial, están apareciendo canales nuevos que permiten una conexión más directa entre consumidor y agricultor. Sin embargo, dichos canales son aún de baja demanda y difícilmente van a permitir absorber toda la producción almeriense de frutas y hortalizas ni siquiera a largo plazo. En cualquier caso, pueden resultar unas vías rentables para algunas de las explotaciones, las que más fácilmente se adapten a estos nuevos canales, normalmente muy preocupados por la calidad de los productos y su sostenibilidad, o muy intensivos en el uso de las tecnologías de la información.

En este rato que usted, querido lector, ha estado prestando atención a nuestro texto, el futuro habrá avanzado algunos minutos y, a lo peor, algo de lo que hemos comentado más arriba ya estará irremediablemente obsoleto. Pero, a lo mejor, alguna otra cosa se convertirá en presente mucho antes de lo que pensamos.

Las encuestas ponen de manifiesto que los andaluces se sienten satisfechos con sus vidas, y que son pocos los que desean vivir en otro lugar. Y ello a pesar del bajo nivel de renta relativo y el alto nivel de paro. Esta paradoja podría venir explicada por la conciencia del gran cambio que Andalucía experimentó desde la mitad de la década de los ochenta con el desarrollo del Estado del Bienestar, lo que, si bien fue un fenómeno generalizado en toda España, su impacto en la mejora de la calidad de vida fue percibido de forma más intensa en los territorios que partían de menor nivel de desarrollo. Es el caso de Andalucía, y especialmente del mundo rural, donde la universalización de la sanidad pública, la extensión de la educación, la amplia dotación de infraestructuras y equipamientos sociales, la ampliación y mejora del sistema de pensiones, la generosa dotación de las prestaciones por desempleo y del subsidio agrario y las múltiples instituciones de protección social, provocaron un salto en el bienestar y la seguridad.

a conciencia de este gran cambio y las restricciones presupuestarias del Sector Público en los años recientes han ido generando una actitud conservadora de los logros sociales conseguidos como derechos inalienables. La sociedad andaluza tiene mucho que conservar, pues, a pesar de la crisis, las dotaciones de servicios públicos en Andalucía siguen siendo envidiables para los habitantes de la mayor parte del planeta, incluyendo entre ellos a algunos países más desarrollados. Además, el número de personas que recibe rentas públicas regulares (empleados públicos, jubilados, personas en situación de incapacidad permanente, pensiones de viudedad y orfandad, dependientes, receptores de prestaciones por desempleo y del subsidio agrario) es muy elevado (2,75 millones) y superior en un 27,2% a los ocupados en el sector privado. A éstos receptores de rentas públicas se les pueden sumar los que reciben prestaciones menos regulares (por maternidad, paternidad, hijos a cargo o maltrato) y a los que reciben rentas indirectas a través de entidades con financiación pública, de empresas que contratan regularmente con el sector público o que reciben subvenciones. En definitiva, la mayor parte de las familias andaluzas reciben rentas públicas de un tipo u otro, además de disfrutar de los servicios públicos.

Como consecuencia de esta realidad, la mayor parte de los andaluces creen que las instituciones públicas son más responsables de sus vidas que ellos mismos, por lo que los partidos políticos (independientemente de su ideología) enfatizan mucho más en la defensa de las “conquistas sociales” del pasado que en dotarse de políticas para conquistar el futuro, lo que se corresponde con la falta de ambición de la mayor parte de la sociedad andaluza: Empresarios acomodados en empresas con rentabilidades ajustadas, en ocasiones con ayuda pública, que no ambicionan aumentar el tamaño de sus empresas, innovar, diversificar su actividad, aumentar sus mercados, internacionalizarse,… y que si generan beneficios extraordinarios prefieren realizar inversiones financieras o inmobiliarias antes que asumir nuevos riesgos empresariales. Profesionales con horizontes de progreso limitado en la región, pero que renuncian a otras alternativas por el confort social y familiar. Jóvenes que prefieren un trabajo asalariado en el sector público o en una gran empresa que les proporcione estabilidad, aunque sus ingresos sean limitados y las perspectivas profesionales pobres, lo que explica el bajo nivel de emprendimiento. Empleados públicos que, a falta de incentivos de progreso profesional y de reconocimiento social, se limitan a cumplir con su trabajo. Políticos ocupados prioritariamente en el poder y su reproducción, lo que se traduce en evitar errores y desgastar a otros partidos, más que en definir y gestionar políticas de futuro. Artistas y creadores culturales que aspiran a sobrevivir con alguna ayuda pública y con algún reconocimiento local, y no ambicionan proyectos culturales dirigidos a una demanda global. Empleados de rentas bajas cuyo mayor empeño es conservar un bien escaso como el empleo. Desempleados protegidos por transferencias públicas y sus familias que no emigran, ni se forman, ni emprenden, y que solo esperan asegurar sus fuentes de ingresos o un trabajo ocasional…

Sin duda existen muchos andaluces en todos los sectores sociales que no responden a los perfiles anteriores, pero constituyen una minoría y no están articulados ni representados por ningún partido, asociación, sindicato, organización empresarial, científica o cultural, y en consecuencia, su trascendencia social es reducida.

No creo que la ambición sea un atributo imprescindible de las personas y, en consecuencia, no reprocho a nadie que carezca de ambición, pero una sociedad en la que la falta de ambición es tan generalizada difícilmente podrá mantener ni el nivel ni la calidad de vida en un mundo abierto y competitivo.

Una de las múltiples ventajas que se esgrimieron en los años precedentes a la implantación del euro fue que favorecería la convergencia real entre los países que lo adoptasen; es decir, que los países con menor renta por habitante crecerían con más intensidad que los países más ricos y, en consecuencia, que sus niveles de renta se irían aproximando. Esta previsión estaba sustentada en lo que en el ámbito de la teoría económica del crecimiento se le denomina el efecto “catching up”, consistente en la posibilidad que disponen los países menos desarrollados de aprovechar el mayor desarrollo tecnológico, organizativo, institucional, etc. de los más avanzados en un espacio económica homogéneo, lo que les permitiría aumentar la productividad y, combinado con menores costes de producción, producir más eficientemente o, lo que es lo mismo, mejoras competitivas y, por tanto, crecimiento más intenso.

Pues bien, el Banco Central Europeo (BCE) acaba de publicar un informe en el que analiza la convergencia real en la Unión Europea entre 1999 y 2014, distinguiendo entre los doce países pioneros de la moneda única (los once iniciales más Grecia que se incorporó en 2001), los que se incorporaron posteriormente y los restantes países de la UE-28. Sus conclusiones contradicen las previsiones de convergencia como consecuencia de la implantación del euro, pues entre los países fundadores crecen más rápidamente los países más ricos (Irlanda, Alemania, Holanda), y los que crecen menos son los países meridionales (Italia, Grecia, Francia, Portugal y España), de los cuales Grecia, Portugal y España partían en 1999 de niveles de PIB por habitante por debajo de la media de la zona euro. Sin embargo, la convergencia si ha operado en los países que se incorporaron posteriormente a la Unión Económica y Monetaria y el resto de los países de la UE que no forman parte de la moneda única, siendo los tres países bálticos, Rumanía, Eslovaquia y Polonia los que han convergido más intensamente.

De estos resultados puede deducirse que la participación en la construcción de la unidad monetaria de países como Grecia, España o Portugal (candidatos iniciales a un crecimiento positivo diferencial) no ha cumplido las expectativas favorables. La explicación más evidente se deriva del comportamiento financiero de estos países tras la adopción del euro, que se lanzaron a un elevado endeudamiento amparado por la confianza internacional en la solvencia del euro y los bajos tipos de interés, pero que se convirtió en una loza cuando la crisis económica provocó la caída de los precios de los activos inmobiliarios y la contracción de la actividad.

No obstante, el informe del BCE también apunta otros factores como responsable de la divergencia entre los doce países de la zona euro. Entre ellos destacan los de carácter institucional (calidad de las regulaciones, de la gobernanza y de las políticas públicas), las rigideces de los mercados de productos y del trabajo y el débil crecimiento de la productividad. En cuanto a este último, si bien la productividad aumenta con intensidad en los países menos desarrollado de la UE-28 (como prevé el análisis económico), no lo hace en Portugal, Grecia, España e Italia, y ello a pesar (se sorprende el BCE) de los importantes flujos financieros recibidos por estos países, lo que se explica porque se aplicaron ineficientemente en consumo (privado y público) y en inversión inmobiliaria, y en mucha menor medida en inversiones en capital productivo y en cualificación de los recursos humanos.

Si bien el informe del BCE no desciende territorialmente al ámbito regional, es perfectamente aplicable al comportamiento de las comunidades autónomas. En el caso de Andalucía el periodo 1999-2014 se inicia con una fase de convergencia con respecto a España y la UE, pero el efecto se va agotando con anterioridad a la crisis, para divergir con España desde 2005 y con la UE intensamente desde 2007, pasando el PIB por habitante de representar el 81% de la UE-28 al 68,9% en 2014, una divergencia por tanto de 12,1 puntos con la media comunitaria, mientras que con España la divergencia es de 3,5 puntos porcentuales desde la mayor aproximación a la media en 2006.

La explicación a este proceso de divergencia de Andalucía no podemos encontrarla en la naturaleza de la región o de los andaluces, sino en los factores que el BCE identifica como limitadores y, en particular, en el bajo crecimiento de la productividad por no asignar suficientes recursos a la inversión productiva y a la cualificación de los recursos humanos, al excesivo gasto en consumo e inversión, a las rigideces de los mercados y a la baja calidad de nuestras instituciones: regulaciones, gobernanza, política económica, códigos de conductas y valores compartidos. El reto de los andaluces y de las instituciones públicas es aprender de la experiencia, y actuar en consecuencia.

La información disponible hasta el mes de julio y las tendencias de reservas permiten pronosticar que este año se alcanzará un nuevo récord turístico en Andalucía y España con un aumento del 5% del número de visitantes. Estas noticias son celebradas por los responsables públicos y por la mayoría de la población porque el turismo es la primera industria nacional, genera múltiples efectos multiplicadores en la economía y, sobre todo, porque es un bálsamo para el grave problema del paro, ya que el sector turístico es intensivo en empleo.

Aún siendo España un destino turístico destacado, la intensificación del turismo no es privativa de nuestro país ni de Andalucía, ni tampoco el notable aumento de visitantes extranjeros es explicable solamente por el desvío de turistas desde otros destino mediterráneos por cuestiones de seguridad, sino que es consecuencia fundamentalmente del extraordinario aumento de la demanda que se está produciendo en el mundo, que ha superado los 1.000 millones de turistas en 2014, multiplicando por 10 a los de la década de los setenta, y siendo previsible que se duplique en un par de décadas. Una fuerte tendencia al aumento del turismo mundial que se explica por la elevada propensión marginal del gasto turístico (aumento del gasto más que proporcional al de la renta), por la reducción de los costes (turismo low cost), y por la incorporación de nuevas clases medias del mundo emergente a este consumo, pues sólo los chinos aumentaron un 28% las salidas al exterior en 2014, y se prevé que dentro de cinco años más de 200 millones de chinos harán turismo internacional.

Esta dinámica genera optimismo en muchos destinos turísticos, que esperan que sea la solución para poner en valor los recursos que disponen, pues una característica que acompaña a la comentada dinámica turística es su extensión en el tiempo (reducción de la estacionalidad) y en el espacio (incorporación de nuevos destinos turísticos).

Pero como no hay felicidad completa, cada vez aparecen más efectos negativos del turístico masivo y más ciudadanos que perciben sus inconvenientes. Así, en estos días estivales son habituales los comentarios añorantes de la tranquilidad de las playas en un pasado no muy lejano frente a las aglomeraciones del presente, la inevitable presencia humana en los parajes remotos del mundo rural o las incomodidades del turismo urbano en ciudades con poder de atracción turística. Además de estas incomodidades, al turismo masivo han venido asociados otros inconvenientes de mayor trascendencia, como la construcción de una barrera de cemento en el litoral, alteraciones graves en espacios naturales singulares o la aglomeración y banalización de las zonas monumentales de las ciudades turísticas. En éstas las tiendas de souvenir, los establecimientos de comida rápida y la sucesión de comercios clónicos de las grandes firmas invaden todos los huecos del espacio privado, y tienden a desbordarse ocupando también el espacio público, uniformizando las ciudades y provocando el desapego de sus vecinos.

Con las actividades turísticas estamos ante un claro caso de un mercado que no asigna eficientemente los recursos (en este caso el espacio) porque genera externalidades negativas, es decir, costes de diversa naturaleza, que son soportados por la sociedad. El libre juego de la oferta y la demanda podría convertir un espacio natural singular en una aglomeración urbana, y monumentos emblemáticos en hoteles o discotecas. Y no es que estos usos sean menos dignos que otros, sino que la sobreexplotación de los recursos turísticos y la degradación de su entorno en el presente, reducen las posibilidades de su aprovechamiento futuro.

Estas externalidades negativas justifican la intervención pública con políticas de ordenación del territorio y urbanismo. Políticas que establecen límites a los usos del espacio, y que permitan conservar su identidad frente a la tendencia a la estandarización de la oferta turística. Políticas de esta naturaleza no se deben improvisar cuando aparecen los problemas, ni pueden estar cambiándose con cada nuevos responsables públicos, sino que deben de partir de una definición madurada y ampliamente compartida sobre el proyecto de ciudad, playa o espacio natural, y definir los usos turísticos compatibles con dicho proyecto, lo que exige realismo sobre las posibilidades de explotación turística y sus impactos y un amplio consenso social, pues es fundamental que los ciudadanos no sean ajenos al futuro de su entorno.

El aumento incesante del número de turistas que visitan los espacios más atractivos del mundo está dando lugar a políticas restrictivas y de ordenación de espacios naturales y ciudades (Venecia, París, Barcelona). Políticas puestas en marcha cuando las externalidades turísticas se hacen insoportables para los vecinos o para el patrimonio que se quiere conservar, lo que debe animar a los responsables públicos a anticiparse al futuro antes de morir de éxito turístico.