En un informe titulado 'Programa de ajuste y competitividad para Andalucía', el Observatorio económico, integrado por profesionales independientes de distintos ámbitos, basa la necesidad de acabar con el PER en que se concibió hace varias décadas como una medida transitoria y "constituye un terreno abonado para el fraude y el clientelismo y uno de los estigmas más negativos de los andaluces en el resto del país".