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Empresarios y economistas andaluces reclaman a los cuatro partidos que se presentan a las elecciones una disminución de las leyes y decretos aprobados por la Junta de Andalucía y una reforma de la Administración Pública que elimine trabas burocráticas y facilite la creación de empresas para generar riqueza y empleo

Andalucía no ha abordado aún una "profunda y necesaria reforma del sector público" que le permita ser más competitiva y facilite la vida de los ciudadanos, en general, y especialmente la creación empresas para generar riqueza y empleo.
Estas declaraciones del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, resumen en buena medida uno de los ejes del documento presentado este mes por esta organización con las propuestas que han trasladado a los principales partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas del próximo domingo, 2 de diciembre.

Curiosamente, esa misma petición de la mejora de la gobernanza en Andalucía está también presente en las propuestas que han presentado en los últimos días diversos colectivos empresariales y académicos en la Comunidad, como Cesur -la Asociación de Empresarios del Sur de España-, el Observatorio Económico de Andalucía o la organización Sevilla Abierta.

La reclamación sobre este punto tiene especial importancia en una comunidad como Andalucía, con un importante peso de la Administración Pública tanto en número de empleados, más de medio millón -solo en la Junta unos 270.000-, como en el propio PIB regional.

La CEA pide, por una parte, a los partidos políticos que aprendan a "legislar menos, pero legislar mejor", y, por otro lado, que el control normativo no derive en más trabas burocráticas. Los empresarios argumentan su petición en datos claros: solo en los dos últimos años la Junta ha aprobado 38 leyes y 270 decretos, "siendo evidente que resulta una actividad legislativa de difícil cumplimiento, sobre todo si se pretende mantener un cierto nivel de calidad".

Además, insisten en que "se genera una situación de incertidumbre, a la hora de articular una política de organización estratégica en la gestión empresarial y en las inversiones, más aún cuando el calendario de desarrollo de los mismos es bastante dispar y, en muchas ocasiones, arbitrario por las decisiones políticas estratégicas que hacen, por ejemplo, que lo mismo una ley se apruebe en el Parlamento en dos meses desde su envío por el Consejo de Gobierno, a que lleve más de dos años y no se conozca si finalmente va a ser sometida a conocimiento del Pleno".

González de Lara insiste en el error de los partidos políticos de prometer nuevas leyes como símbolo de avance. "Más allá del control del impacto económico de las normas, convendría analizar el número de las mismas, la oportunidad de su aprobación y la propia calidad jurídica del texto legal que se apruebe, dada la incidencia que sobre la actividad empresarial tiene todo ello".

Ante ello, la CEA propone "una auditoría de las normas existentes, promover donde sea oportuna su consolidación, evitar los contenidos meramente declarativos y homogeneizar sectorialmente todas aquellas normas que tengan incidencia sobre un sector de actividad".

Al margen de las leyes aprobadas por la Junta, tanto por el Parlamento como por el Consejo de Gobierno, el volumen normativo es tal que es absolutamente imposible de seguir y cumplir por los ciudadanos y las empresas. Según la CEOE, el conjunto de páginas publicadas por los boletines oficiales, tanto autonómicos, como nacional, ascendió en 2017 a 954.568 páginas, de las cuales 731.525 se corresponden a los boletines de las comunidades. En concreto, el número de páginas publicadas por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en 2017 ascendió a 64.486, lo que supone un 45 por ciento más que las 44.484 publicadas cinco años antes, en 2012.

Por otra parte, los empresarios proponen una mayor digitalización de los procesos y una mejora de los tiempos de respuesta de la Administración. Para ello reclaman "incrementar la inversión pública en la digitalización de la Administración" y "extender el silencio positivo como norma general, introducir elementos que penalicen a las Administraciones competentes por la falta de emisión de informes en los procedimientos de creación de empresas o aprobación de proyectos".

Estas propuestas están incluidas en el documento La empresa como motor del desarrollo social, que recoge las propuestas de la CEA para las elecciones autonómicas, basadas en el "respeto y promoción a la libertad de empresa", con 78 medidas y 19 líneas de acción. González de Lara ha recordado que en Andalucía hay 510.000 empresas y está 10 puntos por debajo de la media nacional, por lo que neceseita crear 100.000 empresas más, así como ganar en dimensión y divesificación.

También ha reclamado algo similar Cesur, la Asociación de Empresarios del Sur de Europa, que aglutina actualmente a 100 empresas de todos los sectores de actividad cuya facturación suma cerca del 20 por ciento del PIB andaluz. Esta organización ha reiterado "la necesidad de simplificar los trámites administrativos en la actividad económica, que solo perjudica la inversión nacional y extranjera, dificultando la generación de empleo y riqueza".

Junto a ello, subraya que "la Administración en general y un Gobierno que aspire a satisfacer las necesidades de sus gobernados, no puede ser ajena a las mejores prácticas de gobierno entre sus altos cargos y en la toma de decisiones. Por eso solicitamos que los altos cargos de las Administraciones Públicas se elijan conforme a mérito, capacidad y prestigio demostrados. Asimismo, exigimos que las decisiones de gobierno se tomen conforme a criterios de profesionalidad y bien común, alejadas de todo partidismo, que solo lleva a reducir el beneficio del buen gobierno a unos pocos y no a toda la sociedad".

Más explícito ha sido el Observatorio Económico de Andalucía (OEA) al presentar sus propuestas ante las elecciones con una actitud claramente crítica con las actuales políticas económicas de la Junta, en las que a su juicio "ha predominado la provisión del Estado del Bienestar -con una amplia panoplia de prestaciones sociales que llegan a crear dependencia entre sus beneficiarios-, y el fortalecimiento de las estructuras del poder político regional, con la proliferación de instituciones públicas regidas por políticos o allegados, sin que el criterio de selección relevante haya sido su adecuación profesional para el puesto".

Frente a ello, a su juicio, "el debate electoral debería centrarse en propuestas para una nueva orientación de la política económica regional, que debería tener por norte el desarrollo de los factores de crecimiento y la eficiencia en todas sus políticas". El presidente del OEA, el catedrático de Economía Francisco Ferraro, alertó en la presentación de las propuestas de esta institución de "la débil capacidad productiva de la región para generar empleo y rentas suficientes para sostener de forma solvente las necesidades de los andaluces, para reducir la tasa de desempleo, para sostener el Estado del Bienestar y para mirar hacia el futuro con confianza".

En el manifiesto El futuro de Andalucía depende de su capacidad productiva, el Observatorio recuerda que la economía andaluza desde 2005 ha perdido 4,8 puntos del PIB por habitante, lo que representa el 73,9 por ciento de la media nacional, y ha pasado recientemente de región en transición a región menos desarrollada en la Unión Europea, con un 68 por ciento de la media europea.

El OEA destaca la responsabilidad de la Junta de Andalucía, siempre en manos del PSOE, en la actual situación: "Ninguna de las restricciones de Andalucía es consecuencia de alguna limitación congénita, ni tampoco de factores externos exculpatorios, como el neoliberalismo, la política de austeridad europea, la política negativa de los anteriores gobiernos nacionales u otros similares. Más bien se debe a una combinación de factores históricos, económicos e institucionales propios, cuya reversión depende fundamentalmente de la propia sociedad andaluza y de la acción de su gobierno". "Van apareciendo múltiples indicadores sobre la calidad del marco regulatorio, de la calidad del gobierno, de la transparencia, de la libertad económica, de las facilidades operativas de las empresas, o de los valores y actitudes dominantes en la sociedad, a la luz de los cuales Andalucía se encuentra en una posición menos favorable para el progreso y la actividad económica", explica.
Temor a la inestabilidad

La situación política que se produzca tras las elecciones del 2D preocupa especialmente a los empresarios andaluces, conscientes de que la inestabilidad institucional no sólo puede ahuyentar inversiones extranjeras, sino posponer numerosas decisiones empresariales de proyectos por cerrarse, ralentizando aún más el crecimiento económico, que ya da muestras de desaceleración.

El miedo a que el Gobierno de la Junta de Andalucía quede bloqueado varios meses por falta de mayorías hasta las elecciones municipales y europeas de mayo -como ocurrió hace cuatro años- se suma a la incertidumbre en torno a los Presupuestos Generales del Estado 2018 y a un posible adelanto electoral nacional ya reconocido por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ante ello, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, ha pedido a los partidos un ambiente institucional que pueda "generar confianza y certidumbre". "Tenemos derecho a la estabilidad. No podemos permitirnos otros 84 días para formar gobierno en Andalucía", subraya. En el documento presentado por la organización, ésta reclama que no se paralice la Administración Pública, ya que "la convocatoria de elecciones y el posterior proceso de conformación de Gobierno no pueden ser un freno al desarrollo de las actividades propias de la Junta de Andalucía".

En ese sentido, subraya que "la conformación del Gobierno es una obligación inmediata, pues es el único capacitado para posibilitar el debate sobre los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, elemento que tiene un alto impacto sobre las empresas, en cuestiones como el tratamiento fiscal de la actividad empresarial o la programación y ejecución de inversiones, entre otras cuestiones de incidencia económica y social".

La preocupación de los empresarios sobre esta posible inestabilidad institucional en los primeros meses de 2019 es tal que González de Lara ha afeado a algunos partidos su anuncio de que no se sentará a hablar con determinados adversarios políticos. concreto, se refirió al anuncio del candidato de Ciudadanos, Juan Marín, de que no hará presidenta a Susana Díaz en caso de depender de su apoyo en el Parlamento de Andalucía.

"Una cosa es la campaña y otra lo que viene después de las elecciones", explica el dirigente empresarial, quien también explica que "Ciudadanos ha demostrado que es un partido muy sensato que ha ayudado a la gobernabilidad de Andalucía, por lo que no creo que después su posición sea inamovible".

También ha reclamado al resto de partidos que renuncien a sus "tacticimos" y no conviertan a Andalucía en un observatorio político nacional, porque "nuestra comunidad merece un debate singular y diferenciado, en el que pongamos a la empresa como motor del desarrollo".