Publicado en «Grupo Joly»
Una de las múltiples ventajas que se esgrimieron en los años precedentes a la implantación del euro fue que favorecería la convergencia real entre los países que lo adoptasen; es decir, que los países con menor renta por habitante crecerían con más intensidad que los países más ricos y, en consecuencia, que sus niveles de renta se irían aproximando. Esta previsión estaba sustentada en lo que en el ámbito de la teoría económica del crecimiento se le denomina el efecto “catching up”, consistente en la posibilidad que disponen los países menos desarrollados de aprovechar el mayor desarrollo tecnológico, organizativo, institucional, etc. de los más avanzados en un espacio económica homogéneo, lo que les permitiría aumentar la productividad y, combinado con menores costes de producción, producir más eficientemente o, lo que es lo mismo, mejoras competitivas y, por tanto, crecimiento más intenso.
Pues bien, el Banco Central Europeo (BCE) acaba de publicar un informe en el que analiza la convergencia real en la Unión Europea entre 1999 y 2014, distinguiendo entre los doce países pioneros de la moneda única (los once iniciales más Grecia que se incorporó en 2001), los que se incorporaron posteriormente y los restantes países de la UE-28. Sus conclusiones contradicen las previsiones de convergencia como consecuencia de la implantación del euro, pues entre los países fundadores crecen más rápidamente los países más ricos (Irlanda, Alemania, Holanda), y los que crecen menos son los países meridionales (Italia, Grecia, Francia, Portugal y España), de los cuales Grecia, Portugal y España partían en 1999 de niveles de PIB por habitante por debajo de la media de la zona euro. Sin embargo, la convergencia si ha operado en los países que se incorporaron posteriormente a la Unión Económica y Monetaria y el resto de los países de la UE que no forman parte de la moneda única, siendo los tres países bálticos, Rumanía, Eslovaquia y Polonia los que han convergido más intensamente.
De estos resultados puede deducirse que la participación en la construcción de la unidad monetaria de países como Grecia, España o Portugal (candidatos iniciales a un crecimiento positivo diferencial) no ha cumplido las expectativas favorables. La explicación más evidente se deriva del comportamiento financiero de estos países tras la adopción del euro, que se lanzaron a un elevado endeudamiento amparado por la confianza internacional en la solvencia del euro y los bajos tipos de interés, pero que se convirtió en una loza cuando la crisis económica provocó la caída de los precios de los activos inmobiliarios y la contracción de la actividad.
No obstante, el informe del BCE también apunta otros factores como responsable de la divergencia entre los doce países de la zona euro. Entre ellos destacan los de carácter institucional (calidad de las regulaciones, de la gobernanza y de las políticas públicas), las rigideces de los mercados de productos y del trabajo y el débil crecimiento de la productividad. En cuanto a este último, si bien la productividad aumenta con intensidad en los países menos desarrollado de la UE-28 (como prevé el análisis económico), no lo hace en Portugal, Grecia, España e Italia, y ello a pesar (se sorprende el BCE) de los importantes flujos financieros recibidos por estos países, lo que se explica porque se aplicaron ineficientemente en consumo (privado y público) y en inversión inmobiliaria, y en mucha menor medida en inversiones en capital productivo y en cualificación de los recursos humanos.
Si bien el informe del BCE no desciende territorialmente al ámbito regional, es perfectamente aplicable al comportamiento de las comunidades autónomas. En el caso de Andalucía el periodo 1999-2014 se inicia con una fase de convergencia con respecto a España y la UE, pero el efecto se va agotando con anterioridad a la crisis, para divergir con España desde 2005 y con la UE intensamente desde 2007, pasando el PIB por habitante de representar el 81% de la UE-28 al 68,9% en 2014, una divergencia por tanto de 12,1 puntos con la media comunitaria, mientras que con España la divergencia es de 3,5 puntos porcentuales desde la mayor aproximación a la media en 2006.
La explicación a este proceso de divergencia de Andalucía no podemos encontrarla en la naturaleza de la región o de los andaluces, sino en los factores que el BCE identifica como limitadores y, en particular, en el bajo crecimiento de la productividad por no asignar suficientes recursos a la inversión productiva y a la cualificación de los recursos humanos, al excesivo gasto en consumo e inversión, a las rigideces de los mercados y a la baja calidad de nuestras instituciones: regulaciones, gobernanza, política económica, códigos de conductas y valores compartidos. El reto de los andaluces y de las instituciones públicas es aprender de la experiencia, y actuar en consecuencia.
