Resumen de la Conferencia de la Dra. Carmen Molina sobre “Algunas Consideraciones respecto al proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma deAndalucía para 2020”
El proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020 publicado por el Gobierno andaluz se eleva a 38.540 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,9% respecto al del año anterior. Su elaboración se ha realizado con una previsión de crecimiento del P.I.B. real de la Comunidad del 1,9%, que estará sustentado en la demanda interna, en la que la inversión tendrá un aumento más decidido, y en el consumo que también acelerará su crecimiento respecto a la evolución actual.
El capítulo de los ingresos prevé que las operaciones corrientes (30.782 millones) supongan la mayor parte de los mismos, que junto a los 2.234 millones de resultados de las operaciones de capital constituyen un total de las operaciones no financieras por importe de 33.015 millones, mientras que las financieras proveerán los restantes 5.524 millones.
En cuanto a los gastos, la mitad del total, 19.637 millones de euros, tendrán como destino la producción de bienes públicos de carácter social, mientras que el pago de la deuda pública constituirá la segunda área de gasto, con 5.503 millones, equivalentes a casi el 15% del total. Ninguna de las demás funciones de gasto alcanzará el 10% del total, siendo las transferencias hacia otras administraciones públicas la primera de éstas, con 3.402 millones.
Respecto a los órganos afectados por el proyecto de Presupuestos, se mantiene la estructura actual, si bien el denominado sector público instrumental, tan cuestionado en años anteriores, se reduce ligeramente en cuanto al número de entes que lo forman y funcionará con transferencias que se elevan a 3.176 millones de euros, una cifra que es un 0,2% menor que la del presupuesto de 2019.
La valoración que merece a la ponente la estructura de los ingresos previstos es que los recursos de naturaleza no financiera están altamente condicionados por las líneas fijadas en el modelo de financiación autonómica vigente, por lo que la autonomía en la toma de decisiones por parte de los gestores públicos andaluces es bastante limitada. Así, mientras que más de la mitad de los recursos impositivos proceden de impuestos sobre los que la comunidad autónoma no tiene competencias normativas, las transferencias corrientes, que es el segundo mecanismo de financiación, también dependen en alto grado de ese modelo. El apartado de los ingresos finalizaría destacando el peso alcanzado por los ingresos de naturaleza financiera, fundamentalmente por la emisión de deuda pública autorizada prevista.
Sobre el capítulo de los gastos, en principio se considera que la potestad en la toma de decisiones es mucho más elevada que en el de los ingresos, de tal forma que los gestores públicos pueden decidir no sólo acerca de la estructura de su gasto sino la propia composición de éste.
El análisis de la clasificación económica del gasto pone de manifiesto la importancia de los gastos relativos al personal y las transferencias corrientes, que suponen conjuntamente el 64,8% del total de los gastos programados. La comparativa respecto al ejercicio anterior muestra un crecimiento global del 3,8% para los gastos por operaciones corrientes y de un 1,3% para los de capital; en este caso, esta última cifra debe tomarse con cautela por el errático proceder en la ejecución de este tipo de gasto en años anteriores.
Por otra parte, la clasificación por programas permite identificar en mejor medida el campo de actuación del sector público andaluz. Desde el punto de vista presupuestario, esta clasificación es la más adecuada para plasmar las orientaciones generales del presupuesto, obteniendo información en tres niveles diferenciados: áreas de gasto, políticas de gasto, y funciones y programas presupuestarios. El análisis de su estructura para 2020 muestra una dinámica de continuidad respecto a ejercicios anteriores, de forma que, en términos generales, se ha desvirtuado la naturaleza propia de este tipo de presupuestación, en la que resulta esencial una función evaluadora.
El estudio de las áreas, las políticas y las funciones de gasto pone de manifiesto la importancia de la sanidad, la educación, y el gasto en deuda pública en el conjunto de los gastos presupuestarios. El estudio realizado en estas tres funciones con mayor nivel de detalle permite concluir que no se aprecian variaciones significativas en las mismas, más allá de la introducción de algunos nuevos objetivos e indicadores y del incremento de las dotaciones de gasto previstas.
Se adjunta documento encargado a la Dra. Carmen Molina por el OEA y que fue presentado en la sesión
