El Círculo de Empresarios del Sur de España, el Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental y el Observatorio Económico de Andalucía celebramos esta semana una jornada industrial para reflexionar sobre el papel de la industria y de la política industrial de Andalucía. Lo primero que constatamos fue el reducido peso de la industria andaluza (10,4% del PIB, frente al 14,3% en España y el 25,8% en Alemania), y su disminución en los últimos veinte años (del 12,6% en 2000 al 10,4% del PIB en 2019). Una dinámica que no es exclusiva de Andalucía, pero no por ello su papel ha dejado de ser importante para el desarrollo económico, especialmente porque la industria es el principal dinamizador de la innovación y del aumento de la productividad, pero también por su capacidad tractora de servicios avanzados y por ser el principal sector exportador. Además, las previsiones de los organismos internacionales para este negativo año son mejores para los países con mayor especialización industrial que para los países más dependientes de los servicios tradicionales y, en particular, los de mayor interacción social.
Por todo ello, si bien la industria no volverá a tener el peso del pasado en términos de empleo (entre otras razones por su creciente robotización y ganancias de productividad), debe jugar un papel relevante en el desarrollo de Andalucía. Un desarrollo que dependerá fundamentalmente de empresarios con ambición y visión de futuro, pero que, por las exigencias de capitalización, capacidades tecnológicas, organización y conocimiento de los mercados, son escasos en la industria en relación con otras actividades menos exigentes y que producen rendimientos en el corto plazo. Justamente por estas razones, y porque la industria y los servicios avanzados son actividades que generan externalidades positivas para el conjunto de la economía, se justifica la existencia de una política industrial activa que, como se deriva de la experiencia de Alemania, Corea del Sur y otros países, es una política industrial no proteccionista, sino de colaboración del sector público con el empresariado más dinámico, que dote al desarrollo industrial de un marco de estabilidad y confianza.
En la ponencia que defendí en la mencionada jornada puse de manifiesto que Andalucía ha tenido una prolija política industrial articulada en planes y programas desde el inicio del periodo preautonómico. Una política industrial que, si bien en la primera década de autonomía estaba algo desorientada de las tendencias industriales y político económicas, con posterioridad ha sido mayoritariamente coherente con los estándares programáticos. Sin embargo, las políticas aplicadas no han sido muy trascendentes para la industria regional, pues, si bien se han producido éxitos constatables de algunos parques tecnológicos, clústeres industriales, innovaciones, internacionalización de empresas y algunas startups, la industria ha ido perdiendo peso y muchas intervenciones públicas han sido intrascendentes, cuando no despilfarradoras.
Entre las posibles motivaciones de este balance, apunté las siguientes restricciones: 1) Las políticas han servido a los políticos para explicar su actuación, pero no han existido incentivos para su aplicación rigurosa. 2) Con frecuencia se ha confundido la política de fomento económico con una política social de defensa de las empresas en crisis o más débiles. 3) La política industrial ha estado instrumentada principalmente por ayudas financieras a las empresas con escasa discriminación, generando incentivos perversos. 4) Las políticas industriales exigen una elevada cualificación de los agentes públicos que la definen y la ejecutan. 5) La política de sectores «de futuro», «estratégicos» o «emergentes» se ha mostrado inadecuada. 6) Una misma política no tiene los mismos efectos en sociedades con diferentes estructuras empresariales y marcos institucionales.
Sobre estas y otras posibles restricciones debemos reflexionar, así como sobre la experiencia de otras comunidades autónomas industrialmente exitosas y de otros países que han desarrollado poderosos sectores industriales. Ello exige un Gobierno regional que tenga esa voluntad y aborde un proyecto de cogobernanza colaborativa (para lo que debería concentrar las competencias de política industrial ahora dispersas). Y un empresariado industrial que comparta que la relación con el Gobierno no es para conseguir regalías ni mantener empresas zombis, sino para cooperar en un proyecto de futuro.