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La racionalidad de los electores andaluces

29 de marzo de 2015Publicaciones de los Socios  

Publicado en "Grupo Joly"

Aunque los resultados electorales no han sido muy diferentes a las previsiones demoscópicas, a los militantes del Partido Popular y a muchos analistas les ha sorprendido el fracaso de este partido en las elecciones autonómicas del pasado domingo, y también el mantenimiento del PSOE como primera fuerza política de Andalucía, a pesar de los múltiples casos de corrupción con fondos administrados por gobiernos socialistas, y a pesar de que después de más tres décadas de gobiernos del mismo color sigamos manteniendo diferenciales semejantes o mayores de paro y de renta per cápita, y ello a pesar de que Andalucía haya recibido cuantiosas transferencias de recursos de Europa y del resto de España.

¿Por qué los andaluces son tan contumaces en reiterar sus preferencias? A lo largo de esta semana hemos podido leer y oír múltiples explicaciones que inciden en distintos factores explicativos. La intención de este artículo es ofrecer una explicación adicional para una interpretación más matizada.

La elección racional es una hipótesis económica según la cual los agentes económicos toman decisiones tratando de maximizar su beneficio y reduciendo sus costes y riesgos. Esta teoría, que viene desarrollándose desde la segunda mitad del siglo pasado por diversos economistas, entre los que destaca el Nobel de 1972, Kenneth Arrow, también es utilizada por la Sociología y la Ciencia Política, especialmente para los procesos electorales, en los que cada persona votaría a la formación política que cree que le proporcionará más beneficios y menos riesgos. Esta teoría tiene una base metodológica de carácter individualista, por lo que deja fuera de explicación el peso de los valores sociales, las motivaciones determinadas por la pertenencia a una estructura social y otras motivaciones psicológicas. La resultante de las diversas motivaciones electorales vendría a coincidir con lo que, más coloquialmente, se ha definido como votar con el corazón, con la cabeza o con el bolsillo. La primera de las opciones es más propia de jóvenes e idealistas, mientras que las otras dos van ganando terreno cuando la formación y la edad van haciendo más ponderadas y conservadoras a las personas.

La sociedad andaluza está envejeciendo y tiene mucho que conservar, pues, a pesar de la crisis, las dotaciones de servicios públicos en Andalucía siguen siendo envidiables para los habitantes de la mayor parte del planeta, incluyendo entre ellos a algunos países más desarrollados que el nuestro. Además, el número de personas que recibe ingresos públicos es muy elevado: 2.753.787 de media en 2014, incluyendo pensionistas, dependientes, receptores de prestaciones por desempleo y del subsidio agrario y al personal al servicio de las administraciones públicas, y excluyendo a otras prestaciones menos regulares, como las de maternidad y paternidad, por hijos a cargo, maltrato y a los usuarios de servicios sociales comunitarios. El número de personas que recibe estos ingresos públicos supera al que recibe rentas privadas en un 27,2%, mientras que en España solo en un 1,7%. Además, si solo contabilizamos las personas activas que reciben rentas públicas regulares (funcionarios y otros empleados públicos, desempleados y receptores del subsidio agrario) se elevan al 54,5% de los que trabajan en el sector privado, mientras que en España es el 31,5%. Y a todos estos receptores de ingresos públicos se podrían sumar los que reciben rentas indirectas a través de entidades que reciben financiación pública, de empresas que contratan regularmente con el sector público, o las que reciben subvenciones (algunas de forma reiterada).

En definitiva, la mayor parte de las familias andaluzas reciben rentas públicas de un tipo u otro, además de ser beneficiarias de los servicios públicos. Evidentemente no todas ellas votan pensando en su cartera, pero es comprensible que la racionalidad en la elección les lleve a muchos andaluces hacia aquellas formaciones políticas que más enfatizan (o con más éxito) en mantener o mejorar las prestaciones públicas, mientras que serán menos atractivos los partidos políticos que puedan poner en riesgo la estabilidad de los servicios públicos gratuitos y la percepción de rentas públicas. Este comportamiento electoral se produce en todas las comunidades autónomas, lo que diferencia a Andalucía es que son proporcionalmente más numerosos los receptores de rentas públicas; es decir, los que potencialmente son más proclives a opciones electorales más asistencialistas.

El problema es que no siempre los que adoptan las elecciones racionales tienen información suficiente, lo que es relevante en el caso andaluz para el mantenimiento de la dotación actual de servicios y transferencias públicos por dos razones: por la previsible minoración de transferencias a nuestra región de fondos europeos y del resto de España, y por la incapacidad de la economía andaluza de generar rentas suficientes para mantener el nivel de dotaciones públicas si no se abordan profundas reformas en la política económica.

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