Publicado en «Grupo Joly»
El alto nivel de paro en Andalucía ha sido la principal preocupación de los responsables públicos desde el inicio del proceso autonómico y, en consecuencia, la creación de empleo ha sido el objetivo prioritario de la práctica totalidad de los planes y programas regionales, por lo que a este objetivo se han dedicado decenas de miles de millones de euros. ¿Cree usted que si no se hubiesen aplicado estas políticas de fomento del empleo el nivel de paro en la región sería aún mayor? Creo que es difícil imaginar un nivel de paro significativamente superior a los 1,4 millones de desempleados actuales, una tasa de paro más alta del 34,7%, o un paro juvenil que supere el 62,3%. Por ello, parece deducirse que las políticas de fomento del empleo han sido poco útiles para el fin que perseguían y, en consecuencia, que se ha producido un monumental despilfarro de recursos públicos. Sin embargo, no existe un clamor social para revisar las políticas de fomento del empleo, ni en el Parlamento de Andalucía se ha producido un debate profundo sobre la idoneidad de estas políticas.
Cuando la fase más grave de la crisis financiera va remitiendo (aunque no esté completamente resuelta), se ponen de manifiesto otros componentes de la compleja crisis que venimos padeciendo desde 2008. Entre éstos, el más determinante es la resistencia a adaptarse a un mundo globalizado en el que las capacidades competitivas de los países es lo determinante para su sostenibilidad económica. El aumento de la competitividad exige mayor flexibilidad productiva e institucional y la especialización productiva en bienes y servicios de alto valor añadido e intensivos en conocimiento, ya que sociedades acostumbradas a altos niveles de bienestar difícilmente aceptarán aumentar la competitividad por una presión a la baja continuada de los salarios.
Los cambios productivos e institucionales requieren reformas, y es por ello por lo que tanto el FMI, como la OCDE o el BCE ponen el énfasis en la necesidad de reformas. Sería injusto no valorar el esfuerzo reformista del gobierno de la nación, desde la reforma laboral a la financiera, pasando por otras aparentemente menores, pero necesarias para la configuración de un marco más flexible y adaptativo de empresas y personas a las condiciones cambiantes del mundo, pero debe llamarse la atención sobre la multitud de reformas pendientes (educativa, de las administraciones públicas, energética, del sistema judicial,…), la insuficiente profundidad de algunas de las acometidas (laboral, transparencia, administración local,…) y el riesgo de que las perspectivas electorales disminuya la tensión reformista. Reformas que deben tener como objetivo mejorar la dotación factorial y liberalizar los mercados para hacer más eficiente la asignación y estimular la innovación como principal arma competitiva.
En el caso de Andalucía las perspectivas son más negativas, y no ya por el diferencial de desarrollo o de paro, sino por el carácter conservador de la parte más relevante de los poderes políticos y económicos. Para la Junta de Andalucía la palabra «reforma» parece vedada, pues se identifica con las políticas propugnadas por Merkel y Rajoy, y la oposición popular, ensimismada en el desgaste cotidiano, no intenta enhebrar un discurso alternativo al dominante en la creencia de que el esfuerzo didáctico es desmesurado para los dudosos réditos políticos. Por otra parte, buena parte de las empresas andaluzas siguen esperando que pase la crisis en la (improbable) esperanza de que todo vuelva a ser como antes. Y, además, no existen organizaciones empresariales ni civiles con suficiente relevancia que sitúen las reformas en el centro del debate. Por ello, es comprensible que no se debata la política económica regional que debería facilitar el alumbramiento de un nuevo modelo productivo.
En un mundo en permanente cambio, en el que las innovaciones tecnológicas y organizativas exigen adaptación continua, los responsables públicos deberían caracterizarse por su tensión reformista, pues la realidad exige continuas actualizaciones de las políticas, de los marcos normativos, de los procedimientos y de las instituciones que nos dotamos. Por ello, si el gobierno de la nación tiene que seguir haciendo reformas, la Junta de Andalucía tiene que empezar a abordarlas en los ámbitos en los que tiene competencia, muy particularmente en las políticas de desarrollo económico… Pero el gran problema de estas políticas es que no basta con definir unos objetivos que pueden ser fácilmente compartibles, sino en su instrumentación por políticos y empleados públicos resistentes y/o no cualificados para abordarlas, lo que exige no sólo reformar las políticas de desarrollo económico, sino abordar reformas institucionales, que deben afectar al sistema de elección de los políticos, a la definición de sus funciones y responsabilidades, al sistema de control externo de la administración pública y a la cualificación e incentivos de los políticos y empleados públicos.
Posibles destacados
– ¿Cree usted que si no se hubiesen aplicado las políticas de fomento del empleo el nivel de paro en Andalucía sería aún mayor que el actual?
– En un mundo en permanente cambio los responsables públicos deberían caracterizarse por su tensión reformista
