TRADICIONALMENTE, la política industrial se materializaba en la creación de empresas pertenecientes a sectores que se consideraban estratégicos para el crecimiento económico. La mala gestión de las grandes empresas públicas industriales, la toma de control en empresas de sectores en declive o, finalmente, la normativa comunitaria que impone fuertes restricciones a la participación pública directa por razones de competencia, han hecho desaparecer estas herramientas de política industrial.
Actualmente, solo la utilización de algún brazo financiero público permite, de manera limitada, mantener una participación en una empresa privada con el objetivo de ejercer algún tipo de control dirigido a impedir la venta no deseada a otra empresa o de mantener la sede en el territorio nacional.
Desde hace algunas semanas, estamos asistiendo a la venta escalonada de distintas participaciones en la empresa aceitera Deoleo al grupo británico CVC.
Dado el trascendental papel que Deoleo juega en la suerte económica de varios miles de kilómetros del territorio andaluz, algunos jugadores implicados reclamaron la participación pública a través de la SEPI. La racionalidad de la operación estribaba en el mantenimiento del control de la compañía por parte de una mezcla de sector público, antiguas cajas de ahorro nacionales y Unicaja como único jugador local. El control, se supone, era deseable porque la interlocución entre esos socios facilitaría la dirección de la empresa desde Andalucía en un sector que lideramos a nivel mundial.
Aunque desconocemos sus intenciones reales, la SEPI ha llegado tarde, no pudiendo adquirir el 9,9% del capital propiedad de Dcoop que ha sido adquirido por CVC.
Ninguna empresa ni entidad financiera que quiera operar con las manos libres -lo que no siempre les resulta posible, especialmente a las antiguas cajas de ahorros- desea participar en una empresa teniendo como socio a algún ente público, excepto si la empresa en cuestión presenta pérdidas y es posible una salida rápida. En todos los demás casos, cuando la empresa presenta buenas perspectivas, el resto de accionistas no desea como socio al sector público. Las razones estriban en la mezcla de objetivos estrictamente económicos, con otros distintos que incorpora el ente público y cuyo resultado económico final puede ser diferente al que los socios privados pretendan.
Respaldada por una amplia experiencia internacional en todo tipo de mercados y circunstancias, CVC no quería tener como socio al Gobierno, ya fuera nacional o andaluz, en Deoleo. Lo contrario le hubiese supuesto unas restricciones indeseables tanto para la dirección de la compañía como para su futura venta a un tercero, que será una empresa del sector que conozca el negocio.
Ni el sector público ni las cajas de ahorro entienden del sector del aceite. No es esa su misión sino, en el mejor de los casos, aguantar temporalmente una participación hasta encontrar al comprador adecuado. CVC cumplirá sus compromisos de permanencia. Pero en los próximos años asistiremos a su venta al comprador que le reporte la mayor rentabilidad, andaluz o catalán, español o extranjero.
Siendo líderes mundiales en un producto milenario, ¿por qué no hay más empresas y empresarios locales en el sector?
