SI no hay error de transcripción, el título de este artículo fue la expresión que utilizó el portavoz de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del 25 de marzo, para expresar la intención del Gobierno andaluz de cumplir el acuerdo entre el PSOE e IU de abril de 2012 de aprobar las leyes pactadas en la legislatura (sólo se han aprobado dos leyes de las veinte pactadas). Un vendaval de leyes que al portavoz del Partido Popular le parece una «calma chicha», y que merece una reflexión, pues las afirmaciones de todos los partidos llevan implícita la idea de que cuanto más se regule será mejor para la democracia y que el número de leyes aprobadas es un buen indicador del trabajo de los parlamentarios y del gobierno.
Esta idea debe ser compartida por la mayoría de las comunidades autónomas, pues el número de páginas de los diarios oficiales pasó de 100.000 a mediados de la década de los ochenta del pasado siglo a cerca de un millón en 2010, cifra muy superior a países de referencia como Alemania o el Reino Unido. Un crecimiento exponencial que tiene en los parlamentos autonómicos su explicación, pues el BOE apenas ha aumentado el número de páginas en las tres últimas décadas. Todas las comunidades han contribuido a esta exuberancia legislativa, siendo Andalucía una de las más prolíficas, con 297 leyes desde que se aprobó la Ley 1/1982, por la que se autorizó al Consejo de Gobierno a emitir deuda pública, a lo que se suman miles de proposiciones no de ley.
En la actualidad en España hay en vigor más de 100.000 leyes, decretos leyes, reglamentos, disposiciones, etc. Sólo en 2010 se publicaron 276 leyes, 15 leyes forales, 9 leyes orgánicas, 349 reales decretos, un real decreto legislativo, 14 reales decretos leyes, 543 órdenes ministeriales y 774 reglamentos. No es difícil imaginar los problemas que esta maraña legislativa provocan a empresarios y emprendedores, abocándoles a un elevado coste de interpretación y cumplimiento y a una permanente inseguridad jurídica.
Una investigación realizada por los profesores Marcos y Santaló en 2010 puso de manifiesto que el aumento de la regulación autonómica produjo un impacto negativo en la productividad y la innovación: un aumento del 100% en el número de normas autonómicas se asocia con una reducción de la tasa de crecimiento anual de la productividad total de los factores del 3,5%, y con una reducción del 80% anual de las solicitudes de patente. Y lo explican porque la excesiva carga regulatoria eleva las barreras de entrada en los sectores económicos, con lo que la menor competencia estaría relacionada con menor productividad y con menores incentivos para innovar, de donde debe deducirse que un exceso de regulación reduce la iniciativa, desincentiva el potencial innovador y, en consecuencia, frena el progreso económico.
Además de la cantidad de normas es relevante su calidad. El Worldwide Governance Indicators incluye la calidad regulatoria entre sus indicadores, correspondiéndole a España la posición 49 entre los países del mundo, frente a la posición 29 en nivel de desarrollo. Entre los 28 países de la Unión Europea, España ocupa el puesto 21, una clasificación que encabezan Suecia, Finlandia y Dinamarca, y en la que nos preceden países de mucho menor desarrollo, como Letonia, Chipre, Malta, Eslovaquia y Lituania.
Por todo ello, deben limitarse las leyes a las estrictamente necesarias, tratando de que sean de fácil comprensión, que sean previsiblemente perdurables y, por otra parte, deberían ser preceptivos los informes de impacto económico de las normas, pues, en muchos casos, su aplicación es muy costosa para las empresas, siendo sus contenidos escasamente trascendentes.
Claro está que un parlamento como el andaluz, con 109 diputados más todo el aparato administrativo y de servicios, quedaría reducido a la irrelevancia si se aplicasen los anteriores consejos. Es por ello por lo que me permito sugerirle a sus señorías que se afanen en examinar las políticas aplicadas, trabajo muy necesario en Andalucía, pues se tienen múltiples indicios de que no son ni las más eficaces ni las más eficientes, especialmente en lo que se refieren a las políticas de desarrollo. Se me dirá por parte de la oposición que esto es lo que hacen habitualmente, pues, a juzgar por las declaraciones a los medios de comunicación, el Gobierno andaluz no adopta ni aplica ninguna política correcta. Pero esas afirmaciones suelen ser poco precisas y tienen como objetivo el desgaste del gobierno más que el deseo de que se corrijan o maticen para una mayor eficacia. Por ello, lo que les propongo es que aborden evaluaciones de las políticas lo más rigurosas posible, para lo que tienen derecho a recabar las informaciones que estimen necesarias, recomendación que también es extensible a los parlamentarios de los
