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“El impacto de la crisis en el Estado de Bienestar y sus desafíos pendientes”

29 de enero de 2018Sesiones  

 

EL IMPACTO DE LA CRISIS EN EL ESTADO DE BIENESTAR Y SUS DESAFÍOS PENDIENTES

Por Eloísa Del Pino.  Científica Titular del Departamento de Economía y Política del IPP-CSIC

 

La llegada de España al estado del bienestar que se implementó en Europa tras la Segunda Guerra Mundial se produjo con bastante retraso, al igual que ocurrió en los países de la Europa del Sur. En el año 1980, el gasto social en este grupo de países solo suponía el 15% del PIB, muy por debajo del que se daba en los restantes (entre el 21,5% en el Reino Unido y el 28,1% en la Europa continental). La diferencia se fue reduciendo hasta 1995 pese a que en todos los grupos continuó incrementándose el porcentaje de gasto social sobre el PIB, pero con mayor decisión en la Europa del Sur, que llega al 22,2%, a solo 5,5 puntos de la media de la UE, pero a 10 de la Europa nórdica y a 8 de la continental.

A partir del año 1995, se observa una evolución diferente en la Europa del Sur y en los demás grupos; mientras que en el primero se mantiene el crecimiento, aunque con más lentitud, en los demás se inician una serie de reformas que van reduciendo ese gasto social, por lo que, en 2005 las diferencias son mucho menores, al haber alcanzado los países del sur el 24,1%, haberse estabilizado la media europea y haber caído entre 1 y 4 puntos el porcentaje de los países nórdicos y continentales.

Esa diferente evolución se produce porque, mientras que en los países con antigua tradición del estado del bienestar se habían empezado a percibir los riesgos de sostener el nivel de gasto, en los recién llegados (y tal vez por esa razón, entre otras) no se hizo así y se mantuvo la dinámica creciente, impidiéndose también la modernización de los servicios prestados mediante la introducción de medidas de mercado en algunos de ellos, por lo que la crisis nos coge con un sistema de protección anticuado. Esos riesgos estaban en el avance de la globalización en todo el mundo y la mayor competencia de nuevos actores económicos en el concierto mundial, la imposibilidad de sostener las necesidades crecientes y la percepción de nuevos problemas en el camino del desarrollo que demandaban igualmente recursos públicos para ser abordados.

España, en el año 2007, alcanza el 20,8% del PIB en gasto social, a más de 7 puntos de Francia y entre 4 y 5 de otros como Italia, Alemania, Bélgica, Dinamarca y Suecia; en los años siguientes, mientras buena parte de éstos consigue limitar su crecimiento a 1, 2 ó 3 puntos como máximo, en España se alcanza en 2011 el 26,3% del PIB (5,5 puntos de incremento), tanto por el efecto de la caída de éste como por el crecimiento del gasto, aunque posiblemente en menor medida éste último, a causa de una mala percepción del origen de la crisis y de la respuesta expansiva que se dio a sus primeras manifestaciones.

De esa manera, las cuentas públicas, que habían tenido superávit del 2% y más en los años 2006 y 2007, cayeron a déficits del 4,4% y del 11% en los dos años siguientes, tras lo cual no hubo más remedio que entrar en una fase de ajuste de la que aún no se ha salido.

Al principio, el ajuste fue un tanto tímido, como lo refleja el que el déficit público solo se redujese menos de dos puntos en 2011 respecto a 2009, para elevar su alcance posteriormente pero más con recortes del gasto que con reformas sobre el funcionamiento de los servicios públicos, y cuando se han hecho éstas, no han servido para mejorar sus debilidades estructurales.

Los recortes, iniciados por el Gobierno central, afectaron también a las administraciones autonómicas, de dónde, cómo éstas son las competentes en los servicios públicos más cercanos (educación, sanidad…), se ha derivado una considerable reducción del apoyo ciudadano al sistema autonómico del Estado español. La opinión pública se expresaba, durante los primeros años de la crisis, sobre las áreas en las que no debían producirse recortes presupuestarios (Sanidad, Educación, Seguridad Social, Desempleo…), pero estos llegaron también a ellas, con mayor o menor intensidad según las administraciones autonómicas. Se estimó que, entre 2011 y 2014, la reducción del gasto total fue de alrededor del 8,9%, pero en las áreas del estado del bienestar llegó al 12,3%.

Sobre las áreas que más sufrieron los recortes presupuestarios no hay unanimidad en las estimaciones. Según una investigación de la ponente, variaron mucho entre las comunidades autónomas. Por lo que respecta al total, en Andalucía entre 2007 y 2013 llegó al 13,5% del gasto, pero en Castilla La Mancha fue el 20,7%, en Madrid del 17,1%, en Cataluña del 15,4% y en Asturias el 11,4%. Pero como en los dos primeros años de la crisis se superó el gasto de 2007, la relación entre 2013 y el que más elevado lo tuvo (2008 ó 2009), varía entre pérdidas del 16 y del 29%. Por servicios, en Andalucía en el mismo periodo calcula que la caída del gasto social fue del 12,9% en Sanidad y el 9,2% en Educación, mientras que en Servicios Sociales se dio un incremento del 12,1%, pero también esos porcentajes aumentaron hasta entre el 19% y el 22% (y en Servicios Sociales se pasó del crecimiento a la reducción) si la comparación se hace entre el último año y el que tuvo el gasto más elevado. Los recortes afectaron al nivel de empleo, al coste de los servicios, prestaciones o medicinas y a otras áreas de la actividad.

Finalmente, en una tercera fase, a partir del año 2015, se produce una ligera recuperación (parte del empleo, parte en los salarios…), pero el gasto en el año 2016 en los dos principales capítulos, Sanidad y Educación, está aún por debajo del que se hizo en 2009 en un 7% y en un 10%, respectivamente; aún en 2018, las previsiones presupuestarias son de un nivel del gasto muy bajo en esas dos actividades.

El balance no puede sino ser negativo; las comparaciones internacionales dejan peor las reducciones totales en España y así lo percibe la ciudadanía, que sabe que la cohesión social no se ha visto tan perjudicada por el elevado grado de apoyo familiar, al tiempo que se han perdido espacios a la universalización de los servicios públicos. También lo entienden así los estudios realizados por organizaciones privadas de investigación social como la alemana Bertelsmann-Stiftung, que, en su Índice de Justicia Social hace descender a España desde el índice 5,45 en 2008 hasta el 4,76 (sobre 10), una pérdida de 0,69 puntos que es, tras la de Grecia (0,78 puntos), la mayor de los 28 miembros de la UE y que coloca a nuestro país en el puesto 25º entre todos ellos.

El problema de la escasez de recursos se agrava si tenemos en cuenta la falta de impulso político y la dificultad intrínseca de nuestro sistema para hacer reformas en el funcionamiento de los servicios públicos. Una dificultad que tiene más base en las percepciones de la ciudadanía que en los análisis académicos, en los que predominan los aspectos técnicos, entre los cuales destaca la necesidad de integrar en un sistema moderno y justo de estado del bienestar los cuatro paradigmas: la inversión social, la predistribución de los recursos, los salarios sociales y la participación de la sociedad civil en el apoyo y sustentación del mismo.

 

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