El organismo critica al Gobierno por apoyar una reforma «bilateral» de la financiación autonómicas mediante el pacto suscrito entre el PSC y ERC y también ataca las bajadas de impuestos promovidas por la Junta de Andalucía
El Gobierno andaluz acudirá a la reunión con Pedro Sánchez «con pocas expectativas»
El pacto firmado entre el PSC y ERC mediante el cual se concede a Cataluña la recaudación del 100% de los ingresos fiscales, en caso de que se lleve a cabo, tendrá consecuencias para el resto de los españoles, andaluces incluidos. Se haría a costa de subirles los impuestos o de aumentar la deuda publica, ha advertido este miércoles el catedrático de Economía Aplicada e investigador de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Diego Martínez, durante la presentación de un informe realizado por el Observatorio Económico de Andalucía que se posiciona en contra del acuerdo suscrito para establecer un cupo fiscal en Cataluña a cambio de investir como presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa.
El estudio se presenta en vísperas de la reunión programada entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), este viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), en Madrid, en la que el mandatario regional ha avanzado que no negociará bilateralmente sobre financiación autonómica.
Este responsable del Observatorio Económico de Andalucía sostiene que aún está «por determinar» cómo afecta al resto de territorios que Cataluña salga del actual régimen común de las comunidades autónomas y pase a equipararse con los territorios forales del País Vasco y Navarra, que tienen conciertos o convenios económicos con el Estado para gestionar impuestos que se pagan en estas autonomías, recogidos en una disposición adicional de la Constitución Española.
No obstante, a preguntas de los periodistas sobre las consecuencias de este cuo fiscal, Diego Martínez considera que los 25.000 millones de euros que costaría al conjunto del Estado esta suerte de concierto económico con Cataluña, estimación realizada por Fedea, sólo se puede compensar de «dos formas»: «subiendo impuestos o aumentando la deuda». Ve poco factible que se reduzcan los servicios básicos, que sería la tercera vía, apunta Diego Martínez, que ha dado a conocer el estudio realizado por el Observatorio Económico de Andalucía, junto al presidente del organismo y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Francisco Ferraro, y Rafael Salgueiro, profesor del departamento de Administración de Empresas de la Facultad de Economía y consultor en Estrategia Empresarial. Todos ellos han ocupado cargos de carácter económico con gobiernos del PSOE en la Junta o el Gobierno central.
Diego Martínez, que entre 2018 y 2020 fue secretario general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda bajo la dirección de María Jesús Montero, ha aseverado que, aunque a corto plazo, la salida de Cataluña del régimen fiscal común podría dar lugar a la redistribución de 1.500 millones de euros, «a medio y largo plazo sería insostenible» mantener este sistema.
«El aleteo de una mariposa en Cataluña puede producir un tsunami económico y financiero en el resto del país», ha subrayado Diego Martínez, quien ejerce como profesor titular en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.
Este experto ha incidido en el hecho de que el actual modelo de financiación autonómica, que se remonta al año 2009 y que caducó hace diez años, perjudica a territorios como Andalucía, que recibe 183 euros menos que la media nacional en términos de población ajustada, aunque aún están peor financiadas la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.
Enmienda a la totalidad del modelo de Estado
Este pacto bilateral representa «una enmienda a la totalidad del modelo actual» del Estado que va más allá de la financiación autonómica y que requeriría, a juicio de este economista, una reforma de la Constitución Española y un profundo debate en las Cortes.
A modo de resumen, los citados economistas llegan a las siguientes conclusiones. La discusión de los asuntos abordados en el pacto PSC-ERC debe realizarse en un ámbito multilateral, tanto en el fondo como en la forma, y no bilateral, como se ha realizado. Apuesta por que sean «las personas, y no los territorios, los sujetos y objetos protagonistas de este debate de amplitud nacional» y por aplicar «criterios de equidad y redistribución interpersonal» para reformar la financiación autonómica.
En el documento distribuido por el Observatorio Económico se señala que «desde Andalucía debe apostarse por la nivelación completa de las capacidades fiscales de las comunidades autónomas».
Críticas a las bajadas de impuestos de la Junta
Desde la citada asociación independiente que basa sus reflexiones y propuestas en el análisis económico, también se critica que la Junta de Andalucía haya aumentado el gasto hasta un 13,9% en el año 2023 al tiempo que promueve bajadas de impuestos que hacen que tenga una tasa de crecimiento de ingresos tributarios por debajo de la media española y le pide «coherencia».
El Observatorio considera «incongruente» que la Junta se queje reiteradamente de sus dificultades de financiación de los servicios públicos autonómicos al tiempo que se promueven rebajas fiscales que «afectan negativamente a la recaudación». Por esta razón insta al Gobierno andaluz a desarrollar una política fiscal sostenible y mejoras de gestión pública, «sin perjuicio de una legítima reclamación de reforma del sistema de financiación».
Diego Martínez cuestiona la gestión que está desarrollando la Junta de los servicios básicos. «Se está gastando más que nunca en sanidad y educación» pero ese incremento «no se refleja en resultados», a la vista de las quejas que tienen los ciudadanos sobre su funcionamiento y que el experto señala que también sufre «personalmente».
Para este grupo de expertos, la reforma de la financiación autonómica no debe ser un pretexto para realizar «incrementos desproporcionados del gasto público autonómico», sino que «se requiere un refuerzo de la disciplina fiscal de todas y cada una de las comunidades» para avanzar de manera sostenida y eficaz en la reducción de los importantes volúmenes de deuda pública de estas administraciones.
