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Sesión virtual «Mejorar la reforma laboral y otras reformas pendientes»

RESUMEN DE LA CONFERENCIA DE JESÚS LAHERA SOBRE “MEJORAR LA REFORMA LABORAL Y OTRAS REFORMAS PENDIENTES”

 El marco de las relaciones laborales en España tuvo sus últimas grandes reformas durante la crisis iniciada en 2007/08, con las medidas aprobadas en los años 2010 y 2012, que, completadas con la jurisprudencia que originó a lo largo de su aplicación y que pusieron límites a algunos de los cambios más importantes, transformó de manera sustancial el mercado laboral en cuestiones como la contratación y la negociación colectiva y tuvo efectos de varios tipos; en el lado positivo, destaca la animación de la creación de empleo y en el negativo el mantenimiento de altas tasas de temporalidad y una cierta devaluación salarial de los trabajadores.

Con la llegada de la recuperación económica los sindicatos enarbolaron la reivindicación de su derogación íntegra, lo que, si en un principio se puso sobre la mesa de negociación del acuerdo para el gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, en el curso de ella se cambió por el concepto más suave de “adaptación”. Con la pandemia, la urgencia se derivó a cómo se protegía la vida de las empresas y se ayudaba a la adopción de medidas para hacer factibles los ERTEs, favorecer el trabajo no presencial y otras cuestiones más inmediatas.

Ahora, el gobierno ha presentado un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el cual, la medida 23 se denomina “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” en el que se desarrolla lo que serán sus propuestas a negociar con los agentes económicos y sociales para que se aborden los que considera los problemas fundamentales de nuestro mercado laboral: la alta tasa de paro en relación con las de los países de la UE, la elevada temporalidad y precariedad en el trabajo y otros desequilibrios que se mantienen desde hace décadas. Todo ello con el objetivo clave de impulsar la productividad y el crecimiento potencial en el largo plazo y favorecer la creación de empleo de calidad, así como reducir la elevada dualidad del mercado laboral entre los contratos indefinidos y temporales.

La propuesta incluye 17 reformas que se pueden agrupar en cuatro bloques, de los cuales el primero lo forman las medidas que van dirigidas a poner fin al periodo de las medidas que se tuvieron que implantar para paliar los efectos de la pandemia, el segundo incluye lasreformas estructurales que se estiman adecuadas, el tercero trata demodernizar las políticas activasde empleo y el cuarto son medidas de ámbito social.

Por lo que respecta al primer bloque, aunque nada se dice en el documento, por lo que se está negociando ya con los agentes económicos y sociales parece que se va hacia un modelo de medidas distintas a las que se han adoptado hasta ahora, un modelo que permita pasar de la situación actual de los ERTEsa otra de normalidad en las actividades sin grandes costes para las empresas, a fin de evitar desapariciones y crisis que perjudiquen el mantenimiento del empleo; es posible que en ese ámbito se reconsidere la prohibición de los despidos y su penalización tras el final de los ERTEs, por la incidencia que tendría en la viabilidad de muchas empresas.

En cuanto a las reformas estructurales, se incluyen el cambio de modelo de contratación laboral, en el que se quiere generalizar la indefinida, reducir los tipos de contratos temporales unificando algunos de los actuales y penalizando el abuso de ese tipo,crear un nuevo mecanismo permanente de flexibilidad en las empresas unido a un proceso de recualificación para los trabajadores en transición, la modernización de la negociación colectiva, en la que se tiene que debatir sobre si se mantiene la prioridad actual del de empresa o se debe cambiar así como otros aspectos como la ultraactividad de los convenios y la representatividad de los negociadores y la modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales, entre otras cuestiones.

En las políticas activas de empleo se habla de su modernización, se plantea una revisión de las subvenciones y bonificaciones a la contratación tal vez seleccionando más los colectivos a los que se quiere favorecer, se habla de intensificar la colaboración público-privada de los servicios de empleo, de mayor digitalización de las oficinas de los servicios públicos y de mejorar el seguimiento de todas las políticas que se lleven a cabo, de reducir la brecha de género, de medidas en relación con la llamada “España vacía” e, igualmente, de un ambicioso plan de empleo juvenil que reduzca la brecha que en este ámbito tiene España con la Unión Europea.

El cuarto bloque incluye un abanico de políticas sociales como las de integración de diversos colectivos, la reformulación del modelo de ingreso mínimo vital y su relación con las rentas mínimas autonómicas y otras cuestiones de índole asistencial.

En el coloquio, el conferenciante, tras recordar que el contenido definitivo de cada uno de esos aspectos está sujeto al resultado de las negociaciones entre el gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales, consideró posible llegar a acuerdos sobre la base de matizar las posiciones de partida, valoró como positiva la propuesta de la llamada “mochila austriaca” pero que al no estar incluida en la propuesta inicial no cree que sea aceptada por las partes y estimó que la reducción de la tasa de desempleo no puede debatirse exclusivamente en el ámbito de las políticas laborales sino más en las políticas económicas y de índole general.

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