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El funcionamiento económico de la Administración de Justicia en España y Andalucía. ¿El problema es el gasto?

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El Magistrado Francisco Gutiérrez en el OEA

“EL PROBLEMA DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA ES MÁS DE DISEÑO ORGANIZATIVO QUE DE GASTO”

+ El magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla Francisco Gutiérrez analizó la situación de la administración de Justicia en España en el Observatorio Económico de Andalucía

+ La complejidad de la distribución de competencias es una de las limitaciones para afrontar la situación, en la que la excesiva litigiosidad del país y el bajo número de jueces y fiscales por habitante son los principales problemas

 

Sevilla, 18 de mayo de 2016

“El problema central de la Justicia en España es más de diseño organizativo que económico por falta de gasto” afirmó el magistrado Francisco Gutiérrez López, ponente en el Observatorio Económico de Andalucía sobre el tema “El funcionamiento de la Administración de Justicia en España y Andalucía. ¿El problema es el gasto?”. El conferenciante, que une a su calidad de magistrado en ejercicio de la Audiencia Provincial de Sevilla un doctorado en Economía y un máster en Administración pública, sostuvo esa tesis en la demostración de que el periodo de impulso del gasto que se ha vivido en España desde la firma del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia de mayo de 2001 no ha mejorado su funcionamiento, calificando el resultado de esa política de gasto como “estéril ó ineficiente porque no se ha centrado en combatir las variables que, principalmente, lo condicionan, el déficit de jueces y la excesiva litigiosidad que existe en España”.

El conferenciante inició su disertación señalando que las críticas que suelen hacerse al funcionamiento de la Justicia en nuestro país han sido las de ser ineficiente, tardía en sus resoluciones y carecer de medios, cuestiones a las que pretendía combatir el pacto suscrito en mayo de 2001, sobre la base de que es “una cuestión de Estado modernizar la Justicia para que desarrolle más eficazmente sus funciones constitucionales y proporcione seguridad jurídica, porque ello afecta a la calidad democrática y al bienestar social”.

Como limitaciones para la consecución de los objetivos propuestos en el pacto, el magistrado señaló, entre otras, la complejidad de la organización de la Justicia en España, con competencias distribuidas entre las administraciones central y autonómica y el Consejo General del Poder Judicial, la información deficiente de que se disponía por la falta de estudios sobre la situación y la difícil contabilización del gasto como consecuencia de la dispersión competencial.

Los datos utilizados por Francisco Gutiérrez en su exposición provienen de su tesis doctoral, en la que se expone cómo el gasto total en la Administración de Justicia aumentó en el periodo 2004-2013 en un 48,4% frente al 39,5% que tuvo el conjunto de los de las administraciones públicas, lo que se tradujo, en el ámbito judicial, en el aumento desde los 9,6 jueces por cada 100.000 habitantes hasta los 11,1, en el de los fiscales desde los 4 hasta los 5,1 y en el de funcionarios desde los 85 hasta los 97,5.

Pero, de la misma forma, en ese periodo se produce también un aumento de los asuntos ingresados en los juzgados del 15,7%, con 86,2 millones de ingresos en el conjunto del periodo 2004-2013 frente a 1 millón menos de asuntos resueltos, lo que hace que los que se mantienen en trámite tengan un crecimiento del 28,5% y lleva la tasa de asuntos en trámite por juez desde los 504 de 2004 a los 647 de 2009, momento desde el que esa tasa empieza a bajar pero se sitúa aún en 2013 en 514, por encima del año inicial del periodo analizado.

En la distribución territorial de los datos expuestos en su conferencia, el magistrado señaló cómo la distribución de jueces y fiscales por comunidades autónomas es desigual a todo lo largo de los años del periodo, lo que significa que, aún conocida desde el inicio, el problema no se resuelve con los nombramientos que se van haciendo, cómo hay falta de uniformidad en los gastos de las comunidades en los temas de su competencia, cómo no hay concordancia entre las tasas de litigiosidad y los asuntos que llegan a los juzgados en las comunidades y su evolución y la del número de jueces y, en consecuencia, cómo se incrementan las diferencias entre los territorios en las tasas de asuntos en trámite y en las tasas de pendencia (asuntos pendientes en relación a los resueltos).

Igualmente, analizó el conferenciante la situación en el conjunto de Europa, a la luz de los trabajos desarrollados por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, creada en septiembre de 2002. Estos trabajos apuntan a que, aunque los países con más PIB por habitante gastan más en Justicia que los que tienen menos PIB, al hacer el cálculo proporcional resulta un gasto inferior, que la mayor riqueza de un país conlleva menor litigiosidad y, aunque también hay menor número de jueces y fiscales, la proporción por habitante es, aproximadamente, la mitad en España que en la media de Europa, el número de funcionarios de la Justicia por juez ó fiscal es un 50% superior en nuestro país y el número de abogados en ejercicio casi el doble. También se constata en el ámbito de los países europeos que el mayor gasto en esta administración no supone un mejor funcionamiento de la misma y que la tasa de litigiosidad es más importante para ese buen funcionamiento que cualquier otra variable como el número de jueces y fiscales.

Del funcionamiento de la Justicia en Andalucía, las principales conclusiones que expuso el magistrado son que el gasto de la administración autonómica tiene una limitada incidencia en el buen funcionamiento, toda vez que entre sus competencias no tiene la de proveer plazas de jueces y fiscales ni sobre las cuestiones que inciden en la elevada tasa de litigiosidad, y que la comunidad autónoma gasta poco en Justicia y tiene una elevadísima carga de trabajo por juez.

El ponente expuso como principales recomendaciones para la mejora de la situación una mayor y más efectiva coordinación entre las administraciones con competencias a fin de evitar las disfunciones, unificar el proceso de obtención de información en todo el territorio nacional para poder conocer mejor y en profundidad la situación, hacer una política legislativa y de gasto que se oriente hacia la resolución del binomio excesiva litigiosidad/déficit de jueces y fiscales, hacer un nuevo diseño de la oficina judicial que obedezca a una ratio más racional de funcionarios por juez y preste más atención a la ejecución de las resoluciones y, en Andalucía, al incremento de las plantas de jueces y fiscales y del gasto de la administración regional.

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