Publicado en «Grupo Joly»
Ha comenzado la campaña a las elecciones andaluzas con toda la panoplia asociada: pegada de carteles, eslóganes, acusaciones a los adversarios más directos, promesas, visitas de líderes nacionales,… y, entre ellas, la presentación de los programas. Sin embargo, lo que debería ser el centro de la campaña electoral para que los ciudadanos contrasten las propuestas que realizan los diversos partidos y puedan optar racionalmente, se ha convertido en un acto casi meramente simbólico, ya que son pocos los ciudadanos que analizan los programas electorales, comportamiento en parte motivado porque la historia política reciente pone de manifiesto que los programas son en muchos casos papel mojado, pues los partidos empiezan a incumplirlos en cuanto acceden al poder.
Conscientes de ello, muchos partidos (especialmente los que concurren por primera vez a estas elecciones y tienen menos documentos programáticos acumulados) despachan el trámite del programa con unas cuantas ideas generales, entre las que enfatizan aquellas que puede constituir sus mensajes distintivos, mientras que los partidos con más experiencia electoral presentan programas más completos, aunque no siempre se explicitan algunos de los elementos centrales que soportan sus proyectos.
He leído los programas económicos de las formaciones políticas y constato dos coincidencias básicas: la unanimidad en considerar la lucha contra el desempleo como el objetivo fundamental de la política económica, y la oferta a sus potenciales votantes de beneficios directos de sus políticas, bien sea disminución de impuestos, mejor dotación en los servicios sociales, transferencias a colectivos o facilidades para los autónomos, los emprendedores o las pymes. También es común el desequilibrio que se deduce entre el aumento de gasto público para soportar las políticas que se prometen y la recaudación tributaria, que en la mayoría de los partidos se reduce, bien por la minoración de los tipos marginales de algunos impuestos, por la supresión de otros o por las desgravaciones fiscales.
También coinciden en la falta de concreción de algunas de las estrategias, que se aplazan a la formulación de un plan, programa o pacto. Este es el caso del reto fundamental al que se enfrenta Andalucía: aumentar la producción y la capacidad competitiva, lo que constituye el soporte imprescindible para la creación de empleo, para la generación de rentas (que permitan satisfacer las necesidades privadas y aumentar el consumo y la inversión) y para aumentar la recaudación fiscal, que soporte la variedad de transferencias, políticas, servicios públicos y otras promesas de gasto público que figuran en los programas. Lamentablemente pocos partidos aportan precisiones sobre su política de desarrollo económico y, sin embargo, la política que se viene aplicando no parece producir buenos resultados: 1) Andalucía ha sufrido un impacto de la crisis mayor que el conjunto de España (pérdida del 21,8% del empleo frente al 17,3% nacional, y reducción del 17,4% del PIB por habitante frente al 14,8% en España), lo que ha provocado que la deseada convergencia se haya trocado en divergencia (de representar el PIB por habitante andaluz el 77,7% del español en 2005 se ha pasado al 74,8% en 2013); 2) La recuperación se ha iniciado más tarde que en España, es menos intensa y genera menos empleo; y 3) La economía andaluza tiene peor dotación factorial para el crecimiento (capital humano, productivo, tecnológico e institucional) que el conjunto de España, lo que limita su crecimiento potencial.
En consecuencia, el aumento del PIB y de la competitividad debe ser el objetivo central de la política económica para Andalucía y, por tanto, debería estar en el centro del debate electoral. Un debate que no ha existido en Andalucía por el desinterés de los gobiernos, que vienen practicando básicamente la misma política desde hace décadas, y una oposición que, al parecer, o no sabe o no le ha compensado políticamente cuestionarla, tal vez por no enfrentarse también a la patronal y los sindicatos que han venido bendiciendo esa política en los reiterados acuerdos de concertación.
Estos acuerdos no han servido para el progreso de Andalucía e, incluso, han generado incentivos perversos, como la adicción de tantas empresas y otras entidades y colectivos a las subvenciones y, en el peor de los casos, las corruptelas y despilfarro en el uso de los recursos públicos.
Por ello, este es el momento de proponer nuevas políticas de desarrollo económico, que necesariamente deben cuestionar las políticas que han sido inadecuadas o ineficientes, empezando por la misma concertación social, continuando con las políticas sectoriales como la energética, comercial o industrial, y siguiendo con reformas educativas funcionales con las necesidades sociales, reforma en profundidad de las políticas activas de empleo, de las facilidades para el emprendimiento y de la administración pública regional.
