DESDE hace casi 20 años, las directrices de la política de pensiones de este país venían marcadas por el llamado Pacto de Toledo, que contenía unos acuerdos que ponían algún orden y establecía algunas referencias de las que la política de pensiones había carecido anteriormente.
Haber disfrutado de un crecimiento anual medio superior al 3% durante todo ese periodo ha permitido esquivar la reforma en profundidad del sistema que no era sostenible tal y como estaba diseñado.
Estos días estamos conociendo el documento que un comité de expertos ha elaborado para que sirva de base para la discusión en el Parlamento y con los agentes sociales. Una de las primeras cuestiones que los ciudadanos entenderán -dada la complejidad del nuevo sistema para fijar el importe de la pensión- es que las pensiones ya no tendrán una actualización automática por el IPC. Lo que ocurriría, además, de hecho con el anterior sistema es que si el IPC era inferior al previsto, las pensiones crecían en términos reales porque el Gobierno no descontaba a los pensionistas la diferencia.
Con el nuevo sistema, el IPC es sólo una referencia y representará un límite superior a la subida anual. Es cierto que también el nuevo esquema contempla un límite a la bajada, atendiendo al nivel de suficiencia de la pensión. Pero el nuevo sistema se va a mover de acuerdo con la evolución de las variables que explican la sostenibilidad de todo sistema de pensiones público.
Un primer factor, compuesto por tres variables, que el Gobierno no puede controlar sino que le vendrá dado. El crecimiento de las cotizaciones, el crecimiento del número de pensiones y el crecimiento de la pensión media (los nuevos pensionistas tendrán pensiones más elevadas que los antiguos al haber percibido mayores sueldos).
Un segundo factor vendrá determinado por la relación entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, que tiene un exponente que sí es controlado por el gobierno y que determinará el grado de ajuste de las pensiones anuales para que no se produzcan déficits prolongados y pueda alimentarse un fondo de reserva, si se decide.
Como además algunas de las variables mencionadas sufren profundos cambios durante las épocas de gran expansión económica (como la de este país entre 1995 y 2007) y de recesión como la actual, los cálculos se realizarán sobre los años inmediatamente anteriores y posteriores para tratar que no estén afectados por el ciclo económico, expansivo o recesivo.
España no puede continuar con el actual sistema, que ha estado garantizando una pensión creciente la mayoría de los años, en la actual situación económica. Los países europeos, con los nórdicos a la cabeza, han realizado cambios profundos hace años. Y, como en esos países, queda algún cambio más que ahora o en el futuro se llevarán a cabo: computar todo el periodo de vida laboral para el cálculo de la pensión y volver a retrasar, aunque voluntariamente, la edad de jubilación. Suecia ya lo está estudiando para elevarla hasta los 75 años.
Vivimos más, trabajamos menos años, tenemos mayores sueldos. El sistema básico de pensiones que tenía un siglo de antigüedad hay que reformarlo para el siglo XXI.
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