NO sé si es su intención, pero lo que la juez Alaya está poniendo ante nuestros ojos no es sólo que hay corruptos en torno a los ERE y otros casos en proceso de instrucción, sino problemas graves de funcionamiento y control de la Administración autonómica. Es decir, la juez está instruyendo, en la práctica y en lo concreto, un juicio político sobre un sistema de administración de los recursos públicos perverso, que los responsables de diferentes instituciones no han sabido abordar, controlar ni reformar.
¿No es sorprendente que los consejeros no supiesen lo que hacía su director general?, ¿no lo es que los que diseñaron el procedimiento de transferencias al IFA/IDEA no fuesen conscientes de la potencial desviación y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos?, a los directivos de esta institución ¿no les parecían desmesurados los costes de intermediación?, ¿no le llegaba a ningún responsable público lo que estaba en la calle sobre los trapicheos políticos y personales con los ERE?, ¿no tenían mala conciencia los sindicalistas que, por una parte, luchaban contra los despidos y, por otra, se beneficiaban de ellos al intermediar en los ERE?, ¿nadie en la Cámara de Cuentas reparó en la posible ilegalidad de las transferencias y en el descontrol en su aplicación?, ¿y no son responsables los parlamentarios de todos los partidos, a los que hemos elegido, entre otras funciones, para controlar el uso de los fondos públicos?
No sólo respeto la presunción de inocencia de los inculpados, sino que estoy convencido de que serán muy pocos los políticos condenados penalmente, pues, a diferencia de otros casos de corrupción en España, los responsables públicos imputados en Andalucía no lo son en su mayoría por enriquecerse, sino por aplicar recursos públicos para favorecer a personas o instituciones singulares o, en la mayoría de los casos, para evitar problemas políticos o aumentar la red clientelar. Por ello, lo importante es exigir responsabilidades políticas y poner luz sobre los fallos institucionales (normas, procedimientos, sistemas de control) para abordar las reformas pertinentes.
Quien haya leído hasta aquí tal vez haya llegado a la conclusión de que apruebo la instrucción de la juez Alaya. No es el caso. El trabajo de la juez es digno de elogio por su esfuerzo y determinación, pero lo ensombrece su particular forma de entender la instrucción, compitiendo sus autos mediáticamente con hitos políticos relevantes, con su personal forma de conducir los interrogatorios, su resistencia a contar con jueces de apoyo, el aplazamiento de la imputación de aforados para evitar el envío de la causa al Tribunal Supremo, el grave daño al honor de personas imputadas cuyos interrogatorios se demoran, o el alargamiento en el tiempo de la instrucción, hasta el punto de que están cercano a prescribir algunos de los asuntos encausados. No es un buen síntoma de salud democrática que los jueces sean estrellas, que sus autos, decisiones, entradas y salidas tengan tal impacto mediático. Sus procedimientos deberían estar normalizados y la instrucción judicial no debería quedar al albur de la discrecionalidad de cada juez.
No obstante, la juez Alaya está haciendo un servicio a la sociedad andaluza poniendo de manifiesto un grave problema político. Ella no puede abordarlo políticamente, y ha utilizado sus prerrogativas legales, censurables formalmente en algunos actos del proceso instructor, pero no podemos dejar de ver lo que señala el dedo de Alaya por más que nos parezca criticable la forma de señalar.
Al caso de los ERE se suman otros en Andalucía, como el del desvío de fondos de formación de la UGT-A, el caso Invercaria, y diferentes causas relacionadas con empresas públicas. A falta de que se juzguen, la proliferación de casos de corrupción vinculados a la Junta de Andalucía ponen de manifiesto que las subvenciones discrecionales y sin control externo a empresas públicas, privadas y a otros organismos propicia comportamientos corruptos, además de constituir un dispendio de fondos públicos en aplicaciones de dudosa utilidad: ¿deben incentivarse con dinero público complementario los ERE de empresas?, como todos no son posibles ¿quién y cómo determina a los elegidos?, ¿se conoce la efectividad de los cursos de formación en términos de empleabilidad?, ¿son los sindicatos, patronales o ayuntamientos las instituciones profesionalmente adecuadas para organizar la formación de trabajadores y desempleados?
La oposición encuentra en estos casos de corrupción un instrumento para el desgaste del Gobierno regional y los partidos que lo sustentan, pero debe recordársele que también tiene su cuota de responsabilidad al participar en instituciones que deberían controlar el funcionamiento de la Administración autonómica. En cualquier caso, lo que la ciudadanía espera es que todos juntos aborden la reforma de las políticas, instrumentos y procedimiento que, además de su escasa utilidad social, incentivan la corrupción.
