María Jesús Montero ha dado un golpe sobre la mesa. La oferta de la ministra de Hacienda sobre la condonación de la deuda para Andalucía supera todos los cálculos y previsiones de instituciones como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), con una suma que asciende a 18.791 millones de euros.
Con este montante, sería la comunidad andaluza la que se desprendería de la mayor cantidad de deuda. La cuantía está por encima de la pactada en Cataluña, entre el Gobierno y ERC, de 17.100 millones y la de la Comunidad Valenciana, que obtendrá una de 11.210 millones.
Andalucía recibiría entonces el 22% del total que el Gobierno plantea que puede condonar a las CCAA (83.252 millones). Con esta propuesta bajo la manga desembarca hoy el ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que podría salir adelante solo con el voto de Cataluña, ya que Montero posee la mitad de los votos en este foro multilateral.
Eso sí, si se revalidase la propuesta en el CPFF, la condonación de la deuda tendría que pasar por el Congreso de los Diputados y el Senado, donde se sometería a votación en forma de ley orgánica. Todos los gobiernos autonómicos del PP ya han rechazado la medida, entre ellos la Junta de Andalucía.
La Junta dice ‘no’
Costará mucho decir que no a “una oferta que no se puede rechazar”, al más puro estilo de las novelas de Mario Puzo. Los casi 19.000 millones tendrían un gran impacto en las cuentas de la Junta de Andalucía. Tanto, que reduciría casi a la mitad el total de la deuda actual (47,1%), de 39.842 millones de euros entre el Estado y fondos privados.
De aceptarla, la Junta se encontraría en términos de deuda en una situación no se recuerdan desde la crisis económica de 2012. Entre otras cuestiones permitiría al Ejecutivo de Moreno, tener aún más facilidades para acceder a créditos privados, reducir hasta en 140 millones los intereses que entrega la Junta por el dinero prestado por el FLA o aumentar el gasto.
No obstante, el presidente Juanma Moreno ya sostuvo que mantiene el no “por dos razones: primero, porque nosotros no tenemos un problema de deuda”. Prefieren asumirla ‘a pulmón’. Segundo, “porque lo que no podemos hacer el resto de los españoles es pagar la fiesta del ‘procés’ y el independentismo de las últimas décadas”, en las que se ha generado “deuda y se ha gastado dinero público con el objetivo de separarse de España”.
La condonación de la deuda deviene del mismo pacto acordado entre el Gobierno de España y sus socios nacionalistas de Cataluña. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, quiere extenderlo al resto de las regiones para demostrar que no existe ningún tipo de ‘trato favorable’. De hecho, la estrategia de considerar a Andalucía la más beneficiada se puede leer que como otro intento por ‘tener pegada política’ en la región tras su encumbramiento como secretaria general del PSOE-A.
La Junta insiste en su tesis de que se trata de una “oferta trampa”, ya que en esta cuestión el Estado no incide en el problema que llevan denunciando las CCAA desde hace años: la renovación del sistema de financiación autonómica. Precisamente, lo que no se abordará hoy en el CPFF.
Debido a esta financiación, Andalucía pierde 1.522 millones de euros anuales, con los que asegura que no puede dar cobertura plena de los servicios públicos. Con este estatus, la región forma parte del desafortunado grupo de “las comunidades más perjudicadas” por el sistema, junto con Murcia, Castilla-La Mancha y especialmente la Comunidad Valenciana.
El catedrático de Economía Aplicada de la UPO, Diego Martínez López, en conversación con Vozpópuli, defiende la postura del gobierno andaluz, aunque reconoce decir no a una quita de deuda tan grande “puede doler”.
«Es cortoplacista»
El también miembro de la junta directiva del Observatorio Económico de Andalucía (OEA) explica que en esta ocasión, coinciden con la posición del gobierno de Moreno. Para Martínez, “esta medida de condonación debería venir acompañada de la reformulación del sistema de financiación. Este perdón nos resulta una medida asimétrica, incompleta”. Además, critica que el Gobierno de España tome esta decisión con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados desde el año 2023.
Esto quiere decir que “es una oferta que vende las reglas fiscales”, explica el catedrático, ya que “ni las corporaciones locales, ni comunidades autónomas, ni el Estado están sujetos a un objetivo de déficit ni de deuda”. Solo entendería que el Estado llevara a cabo la condonación si está respaldada por unas reglas fiscales exigentes que “existan al menos”.
De otra forma, o mejor dicho, del modo en que está llevando este asunto el Ministerio de Hacienda, Martínez cree que “se les está entregando a los gobiernos autonómicos unos activos de más de 83.000 millones de euros y no se les está exigiendo ningún tipo de control del gasto, objetivos de déficit, de deuda, etc. Es una medida demasiado expansiva, por eso esperemos que el Gobierno ponga alguna contramedida más pronto que tarde, porque es una decisión muy cortoplacista”.
Más medidas efectivas
El Observatorio Económico de Andalucía defiende que la condonación debería estar acompañada de un programa de condicionalidad fiscal, en el que las CCAA beneficiadas de la ‘quita’ se comprometan a llevar una política fiscal responsable. Apunta a Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, especialmente esta última que durante el año 2023 tuvo un incremento de gasto del 13%, lo que provocó un déficit de 2.300 millones de euros. Un gasto que ya en 2025 se ha corregido. Podría decirse que la Junta “se ha apretado bien el cinturón”.
Otra de las tesis que el OEA comparte con la Junta es la de crear un fondo de nivelación para cubrir la infrafinanciación. “Sería algo legítimo, consentido y equitativo”, una ayuda para cubrir la diferencia entre la media de la financiación por población ajustada estatal y la que recibe Andalucía, de 183€ menos por habitante.
Eso sí, el economista explica que “si esta es una cuestión de ‘o lo tomas o lo dejas’, yo lo tomaría”. La deuda de Andalucía representada según el porcentaje del PIB está actualmente al 19%. Si tenemos en cuenta lo que indica la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, las Comunidades Autónomas pueden tener como máximo un 13% de deuda. Según la norma, la comunidad está seis puntos por encima de lo permitido.
Martínez hace un cálculo y estima que si “Andalucía quisiera llegar a reducir su deuda al 13% en la próxima década, tendría que alcanzar un superávit del 0,3% del PIB todos los años. Esto nunca lo ha conseguido y, aunque esté mejor que Cataluña, Valencia y Murcia, todavía está muy lejos de llegar a lo que indica la legislación”. Por eso, si se plantean decir «no» a los 18.971 millones, el economista recomienda que «al menos lo piensen dos veces antes”.
