El presidente andaluz presenta en la capital el cuarto decreto de simplificación administrativa, que extiende el uso de las declaraciones responsables y elimina requisitos ambientales
Después de lograr la mayoría absoluta, Juanma Moreno dejó pasar el verano de 2022 y empezó el curso con un acto en Madrid. El presidente de la Junta se fue a la capital a anunciar que iba a bonificar el impuesto al patrimonio, algo que solo ocurría entonces en la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso y, parcialmente, en Galicia. El mensaje económico del barón popular redundaba sobre un objetivo: hacer que Andalucía sea un terreno abonado para la inversión como fórmula para lograr el ansiado cambio de modelo productivo de la comunidad más poblada de España. Año y medio después, lo ha vuelto a hacer con otra de sus grandes apuestas en esta materia, la simplificación administrativa que busca convertir Andalucía en «una tierra de oportunidades».
Uno de las grandes bestias negras que Moreno utilizó como argumento de oposición a los gobiernos andaluces del PSOE fue la «maraña burocrática» que resultó de sus años en la Junta. Se entiende así que una de las medidas estrella de su primer Ejecutivo fue el primer decreto de simplificación, que presentaron hasta cinco consejeros días antes de que se declarase el confinamiento por la pandemia de covid. Después han llegado otros dos y este cuarto, que se aprobará este martes en el Consejo de Gobierno, y culmina la tarea.
El responsable de elaborar la última norma ha sido el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que lleva en el nombre de su cartera la simplificación administrativa. De entre todas las medidas económicas impulsadas por el Gobierno andaluz desde la llegada de Moreno a San Telmo, es esta la que ha recibido más aplauso por parte incluso de expertos independientes, como los del Observatorio Económico de Andalucía.
El plan incluye, según Moreno, 500 medidas que están destinadas tanto a las empresas como a los propios ciudadanos, ya que hay también una apuesta por reducir trámites en la concesión de ayudas o reducir los tiempos para la concesión de prestaciones por dependencia. El plazo máximo para resolver estar ayudas será de 180 días, aunque la oposición ya ha puesto en duda este anuncio. También reduce la exigencia de documentación necesaria para pedir la renta mínima de inserción social, la versión andaluza del ingreso mínimo vital, o las solicitudes de actuación de los servicios sociales.
Aunque contempla estas medidas incardinadas en la política social, el mensaje es principalmente económico. No es casualidad que Moreno haya hecho el anuncio en un foro al que han acudido grandes empresas y organizado por Europa Press. Moreno ha puesto el foco también en la «estabilidad política e institucional» de que goza Andalucía, fruto de su mayoría absoluta. Combinada con el diálogo social que el propio Antonio Sanz tiene bien abonado con los sindicatos y la patronal andaluza. Esos son los ingredientes que el presidente de la Junta utiliza para justificar la «transformación» de Andalucía, que, según el relato de Moreno, ha pasado de «ahuyentar inversiones» a «competir con cualquier territorio».
«Va a ser un punto de inflexión para convertir Andalucía en la comunidad con menos burocracia de España», vaticinó Moreno, que puso tierra de por medio con quien se empeñe en hacer de España «un desierto para las empresas», en una crítica velada al Gobierno central. «Más nos empeñaremos nosotros en hacer del sur de España un oasis», abundó. Esta frase concuerda con ese intento de atraer grandes fortunas e inversiones en esa apuesta por bajar el impuesto al patrimonio que ha acabado desactivada en parte por la creación del impuesto estatal a las grandes fortunas. El barón popular consideró aquel movimiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez un ataque a su comunidad y ahora tendrá que reactivar el tributo para intentar que la recaudación a los grandes patrimonios quede en las arcas de la Junta y no en las estatales.
Con los decretos de simplificación anteriores ya hubo algún conflicto de competencias que acabó en un acuerdo entre la Junta y el Gobierno central, y esa incertidumbre se mantendrá mientras no se haga pública la literalidad de este nuevo texto. Algunas de las medidas más llamativas pasan por reducir las exigencias ambientales, ya que la legislación andaluza era más restrictiva que la estatal. Con el decreto, la Junta alinea sus exigencias con la normativa estatal básica y crea un procedimiento simplificado para la concesión de la autorización ambiental unificada (AAU), la versión autonómica de las declaraciones de impacto ambiental que son competencia del Ministerio de Transición Ecológica.
Muchas de estas autorizaciones han ido en los últimos años a proyectos relacionados con las energías renovables, que también verán simplificados sus trámites. Las actuaciones relacionadas con estas energías limpias de hasta 500 kilovatios no tendrán necesidad de recibir la autorización administrativa, que será sustituida por la declaración responsable. También ocurre lo mismo con las actuaciones arqueológicas en suelo urbano, lo que añadirá presión a los servicios de inspección de la Junta, restándosela al ciudadano.
En materia de protección del patrimonio también hay cambios, ya que el Gobierno andaluz ha modificado las funciones de las comisiones provinciales de patrimonio histórico. Se trata de los organismos que deben visar cualquier proyecto que pueda afectar a un bien de interés cultural, cuyo examen ha provocado el retraso de numerosas iniciativas. Moreno ha cifrado en 500 millones el valor de las inversiones que se desbloquearán con esta medida, con 1.800 expedientes afectados. En el campo de la agricultura, la Junta también ha apostado por la simplificación, una de las grandes reivindicaciones que las organizaciones agrarias (COAG, UPA y Asaja) trasladaron al ministro Luis Planas en su reunión del pasado viernes
