El Observatorio Económico de Andalucía (OEA) ha presentado este viernes un documento sobre el proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 en el que tilda de «continuista» la política presupuestaria del Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) en relación a los anteriores ejecutivos socialistas, así como «improbable» que alcance «el prometido equilibrio presupuestario» el próximo año.
«La continuidad de la política presupuestaria en relación con los anteriores gobiernos es la conclusión más general que puede deducirse del análisis del proyecto de presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020», según ha advertido el OEA en su documento, dado a conocer este viernes.
Según el Observatorio, «la más evidente manifestación del continuismo es el carácter expansivo del Presupuesto que, como viene siendo tradicional, aumenta con respecto al PIB excepto en algunos años de la reciente crisis económica».
En concreto, se aprecia un aumento del 5,6% del presupuesto nominal para 2020, que se suma al 5% del presupuesto de 2019, según detalla el Observatorio, que sostiene que estos aumentos, «si se ejecuta el gasto, elevarían el peso del sector público regional sobre el PIB hasta el 23%, cuando la media de los presupuestos autonómicos sobre PIB en 2018 era del 15,4%».
Para el Observatorio, se trata de «un elevado peso del sector público sobre la economía regional que no es muy coherente con los programas político económicos de los partidos que sustentan el gobierno».
De igual modo, el OEA avisa de que, «para financiar el aumento del presupuesto, se incurre en previsiones algo optimistas de crecimiento del PIB y de la inflación, en previsiones poco realistas de aumento del IRPF y de la enajenación de inversiones reales y, muy especialmente, en un desmesurado aumento del endeudamiento –746,2 millones de euros–, sin esforzarse en abordar ahorros del gasto público reduciendo y racionalizando políticas y organismos a los que el Partido Popular y Ciudadanos han reclamado desde la oposición».
Además, el OEA considera que «la manifestación del continuismo presupuestario se observa más nítidamente con la política de gasto, pues los anuncios de un gobierno del cambio deberían concretarse en nuevas políticas sustanciadas en el presupuesto y en la desaparición o reducción de algunas de las políticas que han sido criticadas en los últimos años desde la oposición».
«La presunta inutilidad o ineficiencia de estas políticas deberían tener su reflejo en la desaparición o reducción de partidas presupuestarias, lo que habría podido financiar nuevas opciones programáticas, contener el aumento de la deuda o reducir la presión fiscal», pero «no desaparece ningún programa presupuestario y solo se incorpora uno a los 110 ya existentes», según continúan desde el Observatorio.
Este organismo incide en que los programas que reducen el gasto «son escasos y con reducciones poco relevantes –la regulación económica de la actividad y de los sectores productivos, y la protección civil y la seguridad ciudadana, aunque compensan con elevados crecimientos en 2019–«, y «la seguridad, protección y promoción social, aunque experimentan un ligero aumento en 2020, no compensa la reducción de 2019, resultando una disminución para ambos años del 4,7%».
No obstante, «no se producen reducciones muy significativas en ningún programa», según el Observatorio, que llama la atención sobre «la aparente incapacidad para abordar la reducción y racionalización de la criticada ‘administración paralela’, sobre la que no se ha avanzado a lo largo de 2019, y sólo se dota de un fondo de 15 millones de euros, pero se siguen manteniendo casi las mismas transferencias para su funcionamiento en 2020».
No obstante, el OEA apostilla que los indicadores presupuestarios utilizados hasta ahora «servían solo para medir el grado de ejecución de los programas, pero no para evaluar sus resultados y el grado de consecución de los objetivos que justificaban su existencia», por lo que «será de gran utilidad avanzar en un ejercicio sistemático de revisión del gasto público, en la senda iniciada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), y como medio para asegurar la racionalidad de decisiones posteriores», según sostiene este organismo.
El Observatorio también alerta sobre el aumento del servicio de la deuda en 930 millones de euros –un 20,3% respecto a 2019–, que «seguirá pesando en el futuro», según advierte, y en esa línea sostiene que «no parece muy aconsejable aumentar el peso de la deuda cuando se prevé una desaceleración económica que puede determinar una reducción de ingresos y mayores necesidades de gasto público».
De igual modo, el Observatorio se detiene en que el crecimiento que experimenta «la mayor parte de los capítulos de gasto», y subraya que entre los más significativos incrementos se encuentran «los gastos de personal y los de bienes y servicios entre los gastos corrientes, los servicios de carácter general y, entre ellos, los de alta dirección de la Junta de Andalucía y administración general».
«Si bien existirán explicaciones singulares para justificar algunos aumentos presupuestarios en las partidas referidas, el carácter dominante de estas partidas no informa de una administración ejemplarmente ahorradora», según el OEA, que, no obstante, sí considera «en principio más encomiables, por su carácter inversor y dinamizador de las capacidades productivas, los aumentos presupuestarios de la producción de bienes de carácter económico, tanto en infraestructuras básicas, como en comunicaciones y, especialmente, en investigación, innovación y sociedad del conocimiento».
En todo caso, «los gastos de inversión aumentan menos que la inflación prevista, tanto en el presupuesto de 2020 como el de 2019, pero, dado el habitual bajo nivel de ejecución del presupuesto la inversión, alcanzar las cifras previstas sería un éxito notable del Gobierno regional», según concluye el Observatorio Económico de Andalucía.