EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS PIDE GRANDES CAMBIOS PARA MEJORAR EL CONTROL EXTERNO DE LAS ADMINISTRACIONES
+ Aboga por impulsar medidas sancionadoras a las administraciones y organismos públicos que incumplan la obligación de rendir cuentas a la Cámara
El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA), Antonio López Hernández, planteó en el Observatorio Económico de Andalucía (OEA) la necesidad de introducir cambios de amplio calado en el control externo de las cuentas de las administraciones públicas, y señaló que el proyecto de modificación de la ley autonómica por la que se rige este organismo, actualmente en discusión, “es el marco idóneo para llevarlos a cabo, al calor de la demanda actual de la sociedad de más transparencia a las instituciones públicas y a quiénes las dirigen”.
Previamente, el presidente de la Cámara había desarrollado un panorama del trabajo de este organismo, que, dependiendo del Parlamento andaluz, es el encargado de fiscalizar las cuentas del conjunto de las administraciones públicas regional y local y sus entidades y empresas dependientes. A este tenor, López Hernández, que es también catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y miembro del OEA, señaló que “en el ejercicio 2011, sólo el 28% de las 863 entidades locales presentaron sus cuentas a la Cámara, de ellas sólo el 9% en el plazo legalmente establecido”, porcentaje que es la tercera parte de la media de las comunidades autónomas con este tipo de organismos.
Este elevado nivel de incumplimiento es consecuencia, en opinión del presidente del CCA, de “la escasa cultura en materia de rendición de cuentas y auditoría que existe en las administraciones públicas, la inadecuada comprensión de los informes emitidos y el poco interés social y político sobre la cuestión”.
Antonio López planteó la necesidad de impulsar medidas legislativas que favorezcan la rendición de cuentas, reducir las áreas de gestión pública sin control, exigir la aplicación efectiva de sus recomendaciones y extender las auditorías operativas y de gestión (“actualmente, la mayor parte de los informes se refieren al cumplimiento de la legalidad financiera, no a las exigencias de eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos”) y, más concretamente, introducir exigencias como la de que todos los ayuntamientos de un determinado número de habitantes tengan que auditar sus cuentas”, o que no se realicen transferencias ni ayudas financieras públicas a los organismos incumplidores. Igualmente, abogó por implantar mecanismos, ya utilizados en otros países, que pueden contar con la participación de auditorías privadas con control público de su realización.
Por otra parte, el presidente de la Cámara de Cuentas propuso “el reforzamiento de la independencia y la capacidad técnica de los componentes del órgano de gobierno de esta institución”, con medidas como la exigencia de profesionalización y experiencia en estas actividades.
Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Cámara de Cuentas “debería ver reforzados sus recursos humanos, financieros y materiales»; a este tenor, Antonio López informó de que el último presupuesto de la entidad no alcanza los 9,4 millones de euros, lo que representa el 0,03% del presupuesto de la Junta de Andalucía, el porcentaje más bajo de estos organismos en España; por su parte, su personal (121 empleados, de los que el 60% son técnicos auditores), aunque es el más elevado de todos los organismos existentes, puede considerarse reducido si se compara con el número de habitantes de Andalucía.