Resumen de la intervención de Santiago Lago en la sesión “La reforma fiscal que necesitamos: ¿Qué nos dice el libro blanco?»
España tiene un problema muy serio con su déficit público. De forma estructural y desde hace muchos años, los ingresos públicos no financieros no llegan para cubrir los gastos y esto genera un desequilibrio cronificado de los más elevados de la UE-27. En 2019, justo antes de la pandemia, las estimaciones de la Comisión Europea mostraban que nuestro déficit estructural superaba el 3% del PIB; hoy está cerca del 5%.
Un agujero de este calibre es difícilmente compatible con la noción de estabilidad fiscal y requiere una respuesta enérgica a medio plazo. Una respuesta que, exige actuar en el frente de los ingresos y/o en el del gasto. La decisión de seguir un camino u otro es de enorme calado y de naturaleza esencialmente política. Como se recuerda en el libro blanco, esta decisión no pueden tomarla los técnicos. Les corresponde a los ciudadanos y sus representantes.
Sin duda, lo mejor para todos sería que no hubiese que entrar en subidas de impuestos o recortes de gasto porque la combinación de las siguientes tres palancas fuese suficiente: una reducción del fraude y elusión fiscales, un aumento de la eficiencia del gasto y una coyuntura económica favorable. Lo ideal sería que todos pagasen lo que les corresponde, que no se malgastasen recursos públicos y que aumentase rápidamente el Producto Interior Bruto y, con ello, se incrementara el denominador de todas las ratios que definen la salud presupuestaria. En el libro blanco se dedica una sección a cómo mejorar el cumplimiento tributario y se alude de forma expresa (aunque no se desarrolla por no ser el cometido encomendado) tanto a la necesidad de evaluación del gasto público para lograr una mayor eficiencia, como al papel del crecimiento económico en la consolidación.
Con el deseo expresado en el párrafo anterior estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, la experiencia demuestra que hay que ser cautos, sobre todo con los dos primeros factores. En general, los resultados suelen acabar muy por debajo de las expectativas. Sin duda, debemos poner todo nuestro empeño, pero ser muy prudentes a la plasmar los números en el presupuesto. Personalmente, creo que el efecto de los dos primeros factores debería tratarse a beneficio de inventario (y para amortizar deuda)en el año en el que se produce por primera vez y, solo si se perciben como permanentes, incorporarlos de forma expresa al año siguiente.
Por tanto, volvemos al punto de partida. Hay que decidir políticamente la combinación en la que se ajusta el gasto y se refuerzan los ingresos ordinarios. ¿Qué nos dicen los datos? Si tomamos los de 2019 para los países de la UE-27 (los de 2020 y 2021 están distorsionados por la fuerte caída del PIB y las reacciones de los gobiernos y no son los mejores a efectos analíticos) constatamos que, aun corrigiendo por las diferencias en el nivel de renta per cápita de los países, el gasto público en España está por debajo de lo que cabría aguardar. Pero los ingresos lo están incluso más. España no es Francia o Bélgica, donde el elevado déficit tiene su explicación en unos gastos muy altos. La explicación inmediata en España está en los ingresos.
En todo caso, es verdad que existen países bastante más ricos que España(p. ej. Países Bajos) que están equilibrados en un nivel de gastos e ingresos relativamente reducido. Porque es políticamente tan legítimo preferir e implementar un nivel de gasto e ingresos alrededor de 35% del PIB como defender que el equilibrio se produzca por encima de 45%. Es una decisión política. Lo importante es ser coherentes como sociedad: no podemos pretender tener programas de rentas y servicios públicos muy bien dotados financieramente y no estar dispuestos a pagar por ellos.
En este contexto, lo que realiza el libro blanco es un análisis del sistema fiscal poniendo el foco en los asuntos que se mencionan en la Resolución del Ministerio que crea el grupo de expertos, pero tratando también otros impuestos centrales en el sistema fiscal español, como son el IVA, los impuestos especiales y el IRPF. Y en ese análisis independiente se identifican problemas a corregir, se sugieren posibles cambios y se exploran nuevas figuras tributarias. De forma similar a cómo lo hace un ingeniero al que se le pide diseñar un coche y se preocupa de la aerodinámica, del consumo o de la seguridad pasiva. Pero al igual que no es el ingeniero quien decide sobre la velocidad a la que usted conduce o adonde viaja, las personas que forman este comité no son ni pueden ser quienes deciden si se suben o bajan los impuestos. Esos son los ciudadanos, como contribuyentes y votantes.
