«Crisis económica y crisis institucional» fue el título que presidió las reflexiones del VIII Foro Económico del Observatorio, que se celebró en Carmona (Sevilla) durante los días 5 y 6 de abril de 2013, y en el que participaron los ponentes que a continuación se refieren y casi un centenar de asistentes entre socios e invitados.
El objetivo del foro era reflexionar sobre las restricciones del marco institucional español que han propiciado la profundidad y larga duración de la crisis económica, y que han impedido abordar de una forma eficaz la salida de la misma. Y, en consecuencia, discutir sobre las reformas estructurales imprescindibles para facilitar un crecimiento sostenido a medio plazo, mejorar la calidad de la democracia y la sostenibilidad del Estado del Bienestar.
[h3]Resúmenes de intervenciones[/h3]
PRESENTACIÓN
Antonio Ávila.- Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (Junta de Andalucía)
El consejero hizo, en primer lugar, una exposición de la crisis “de origen financiero y que ha derivado después en una dura crisis económica” y su impacto en Europa (especialmente en los países de la periferia), España y Andalucía. En Andalucía, el efecto ha sido mayor porque esta comunidad precisa financiación exterior para su desarrollo, por su dependencia de España adonde se dirigen mayoritariamente sus exportaciones, el menor peso de la actividad privada y por el crecimiento de la población activa. La larga duración de la crisis está relacionada, a juicio del consejero de Economía, con un error de diagnóstico y de las soluciones planteadas: el problema de la economía española no es de excesivo endeudamiento público y menos de las comunidades autónomas, por lo que las recetas de recortes de los gastos de éstas son inapropiadas e ineficaces y suponen una agresión a los servicios que configuran el estado del bienestar. “El gobierno de España confunde reformar con recortar” al tiempo que la consolidación fiscal a la que se ha comprometido con la UE supone “una amenaza para la recuperación del crecimiento económico”. La alternativa propuesta por el consejero es combinar las políticas de consolidación fiscal de las cuentas públicas con las de impulso del crecimiento, de las cuáles, las impulsadas en Andalucía se articulan en dos vectores: favorecer una mayor competitividad de los sectores productivos tradicionales y renovar la base productiva con nuevos sectores, así como fortalecer los factores productivos que propician el crecimiento como el capital humano, la inversión en I+D e Innovación, apoyar las nuevas tecnologías, la internacionalización de las empresas y la cultura emprendedora en el conjunto de la población.
PANORAMA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y PERSPECTIVA EN EL CORTO PLAZO
José Antonio Martínez Serrano.- Catedrático de Economía Aplicada (Universidad Valencia)
“Tod
as las crisis que combinan colapso financiero y burbuja inmobiliaria duran unos siete años”, pero el ponente mostró su pesimismo señalando que en nuestro caso puede multiplicarse al menos por dos, por el elevado endeudamiento familiar y porque el sistema financiero está roto: el primero tiene una difícil solución dado el paro existente y el descenso de los ingresos (al tiempo que frenando el consumo, estos elementos contribuyen a la contracción de la producción), y el segundo mantiene aún activos tóxicos que son una bomba de relojería si no hay recuperación productiva. Aunque las exportaciones mantienen un buen tono se deben a pocas empresas, y las ganancias de competitividad de los últimos años se deben a que había disminuido 0con anterioridad y a los descensos de salarios y de empleo; “más competitividad pero con una economía más pequeña y con más paro”, lo que va a provocar procesos emigratorios que nos van a perjudicar porque se irán profesionales formados que no rendirán aquí. Para reducir sustancialmente el endeudamiento “necesitamos una economía hipercompetitiva”, y para ello se precisan cambios regulatorios, ya que el sistema que tenemos es de los peores del mundo, incluso por debajo de países como Rumanía y Bulgaria; un sistema en el que los mercados más regulados son donde más suben los precios, lo que está favorecido por la connivencia de políticos en excedencia y empresas en cuyos consejos se sientan (puso el ejemplo del sector eléctrico), lo que favorece el mantenimiento de privilegios en éstas.
RESTRICCIONES AL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL MEDIO PLAZO
José Luis Malo de Molina.- Director general del Servicio de Estudios del Banco de España
El conferenciante rechazó el pesimismo y señaló que España ha estado en situaciones similares en el pasado, de las que se ha salido con perseverancia y esfuerzo y con la puesta en marcha de las reformas necesarias. Apuntó la necesidad de reequilibrar la economía española en cuatro áreas: su evolución general, la consolidación fiscal y la deuda pública, el desapalancamiento de las familias y empresas y culminar la reestructuración bancaria. Sobre la primera, señaló que “en este momento las reformas ya empiezan a tener resultados positivos: la balanza de pagos ha dado superávit en los últimos meses”, moderándose las importaciones y recuperado dos tercios de la competitividad perdida en el anterior ciclo. Las acciones de reequilibrio de las cuentas públicas tienen sus dificultades por lo que sólo se ha conseguido ralentizar su crecimiento, mientras que bajarlo precisa medidas más contundentes: reformar las pensiones para introducir ya el factor de sostenibilidad (lo que planteó como urgente), limitar el gasto público y estabilizar la deuda pública. También la reducción del endeudamiento de las familias y de las empresas tiene sus problemas, siendo más difícil en las familias pese a que su volumen sea la mitad que el de las empresas. Respecto a la reestructuración bancaria, la dio por hecha si bien reconoció que el sistema es aún frágil y está sometido al riesgo de un cambio negativo en la evolución mundial. Tras el reequilibrio, se precisa profundizar en las reformas ya emprendidas, señalando como ejemplo la laboral (“que debe hacer que los ajustes de las empresas no afecten sobre todo al empleo sino que tenga más incidencia en los salarios”); también requirió reformas en la formación de precios, en la competencia, en los servicios, en el planeamiento urbanístico y en las administraciones públicas. A modo de resumen señaló que “el conjunto de la sociedad española debería ajustarse a una pérdida de riqueza de alrededor del 30%”.
SISTEMA INSTITUCIONAL Y SISTEMA POLÍTICO
Josep Ramoneda i Molins.- Filósofo y periodista
Considera el ponente que se ha llegado al agotamiento del régimen político surgido de la transición, posiblemente de una forma irreversible, y que si no queremos terminar en un sistema autoritario técnico hay que reformarlo. Todas las instituciones creadas en este periodo democrático están en crisis y las dos más importantes (monarquía y el gobierno) sometidas a chantajes que ponen en evidencia su debilidad.
Al mismo tiempo, hay una situación de hastío de la ciudadanía y una crisis social incuestionable. En el plano territorial, dos de las autonomías más significativas, el País Vasco y Cataluña, no están conformes con su forma de encajar en el sistema político y se dirigen hacia formas que significarían estar más fuera que dentro del Estado español.
En España se sufren las consecuencias de la confluencia de una crisis económica global y otra propia de índole institucional con aspectos muy variados (políticos, culturales, morales, antropológicos, sociales, tecnológicos, económicos…) que, conjuntamente, desembocan en un proceso de mercantilización general de la sociedad en áreas que hasta ahora no lo estaban. Su nivel es de tal envergadura que se requiere afrontar un nuevo proceso constituyente en el que el problema es que los dirigentes actuales de la sociedad española no lo quieren y, por lo tanto, no tiene quien lo lidere ni quien le señale objetivos y dirección. Pero si ese proceso en esas condiciones es un riesgo, mayor lo es el inmovilismo de las élites, lo que nos lleva a una situación de ingobernabilidad como la de Italia.
¿QUÉ ESTADO DEL BIENESTAR NOS PODEMOS PERMITIR?
José Antonio Herce.- Socio de Analistas Financieros Internacionales
La crisis actual está poniendo en cuestión el estado del bienestar en España. Y ello porque nuestro sistema no responde con claridad a ninguno de los modelos existentes en el mundo, especialmente en cuanto a la dicotomía “contributivo/redistributivo”. En la actual coyuntura son pertinentes estas cuatro preguntas: ¿el estado de bienestar debe ser siempre expansivo? ¿sus retribuciones deben venir determinadas por el mérito o la necesidad de cada persona? ¿es excesivo? ¿incentiva la desmovilización social en cuanto a su nivel de emprendimiento?
La comparación del gasto social con Europa es difícil: la media de la UE-27 suele situarse en el 32,2% del PIB y en nuestro caso del 25%, pero no hay uniformidad en la contabilización.
En cuanto al sistema de pensiones, las modificaciones que se han anunciado parecen que van en la línea de un sistema contributivo (que es el modelo más común en la UE), pero se mantienen muchos sesgos del modelo redistributivo y no siempre en el sentido de favorecer a los ciudadanos de menores recursos, sino otro tipo de situaciones: casados/solteros, mujeres/hombres, fumadores/abstemios…
La cuestión de la sostenibilidad puede responderse valorando que frente a una caída del PIB del 4,2% durante la crisis, la tasa de paro se ha multiplicado por tres, el déficit público ha subido al menos al 6,7% (sin las aportaciones a los bancos) y la deuda pública se ha incrementado del 36% al 84% del PIB y el número de empleados se ha reducido un 12%. En estas condiciones, es difícil mantener un gasto de un cuarto de billón de euros y mucho más incrementarlo. Se echa en falta exposiciones profundas y completas que expliquen a la sociedad la situación y las distintas posibilidades que se abren, porque da la sensación que en esta cuestión nadie quiere decir nada que no guste.
LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Francisco Longo Martínez.- Secretario general de ESADE
El conferenciante empezó señalando que parece que la línea conductora de las acciones desplegadas hasta ahora por el gobierno se rige por el principio del recorte pero afirmó que “menos de lo mismo no es reformar la administración”. Aunque apuntó que el Estado es fundamental para garantizar la buena salud de una sociedad, precisó que “un estado fuerte y activo no es necesariamente grande”, definiendo este estado fuerte y activo con estas características: regulador eficiente y no burocrático, productor de servicios de calidad y al menor coste, empleador de personas de talento y alta productividad y colaborador con los empresarios y demás agentes económicos.
Frente a esos requisitos, la efectividad agregada de la administración española es la mitad que en países como Suecia y Holanda, la regulación no incentiva a los emprendedores (pese a que ese haya sido un discurso de todos los gobiernos) y se está permitiendo a los partidos un nivel de colonización muy elevado de la administración: solo el 0,16% de los directivos públicos de alto nivel son profesionales, cuatro veces menos que los países más avanzados de la UE. Respecto al empleo público todas las administraciones lo aumentó entre 2006 y 2011, y, en conjunto, incluso entre 2008 y 2011, pese a que ya se notase la crisis en el nivel de empleo privado.
Respecto a las líneas de la reforma que ha anunciado el gobierno afirmó que tienen un fuerte sentido burocrático, no incide en la racionalización de las estructuras, no introduce incentivos a la eficiencia y responde más bien a recortar que a reformar.
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y ECONOMÍA
Francisco Cabrillo Rodríguez.- Catedrático de Economía Aplicada (Universidad Complutense)
El ponente puso de manifiesto en primer lugar la oportunidad de incluir las cuestiones jurídicas en unas jornadas de análisis de la situación económica (“a la economía le afecta la situación de la justicia y sus problemas”). Caracterizó el marco regulador español por lo excesivo de sus normas y, en particular, porque muchas normas de procedimiento provocan lentitud, estableciendo como características de las buenas normas la objetividad, la fiabilidad y la coherencia con todo el ordenamiento. Igualmente, se felicitó el ponente por la multidependencia de la administración judicial de distintos polos de poder (el juez del poder judicial, el secretario del ministerio y el personal del juzgado de las comunidades autónomas) lo que favorece la no adscripción de la aplicación de la ley a un sesgo específico.
Según la UE la justicia no tiene en España problemas de recursos, pero hay que introducir cambios en aspectos significativos, como los procedimientos para crear empresas, las leyes procesal y concursal y la posibilidad de información a partir de las bases de datos creadas en las comunidades autónomas, entre otras. Igualmente, destacó la necesidad de modificar la organización de la justicia y las leyes de procedimiento, y apuntó que de otros países pueden trasladarse ideas muy interesantes como el incentivar el acuerdo prejudicial entre las partes para dar satisfacción a una cuestión muy extendida, el que muchos jueces no tienen clara la idea de los costes de oportunidad a la hora de la aplicación de la justicia.
NUEVOS ENFOQUES EN LAS POLÍTICAS DE OFERTA
Rafael Myro Sánchez.- Catedrático de Economía Aplicada (Universidad Complutense)
“Las políticas de oferta son una base imprescindible para la recuperación de la crisis” empezó afirmando el ponente, quién señaló dos efectos de las mismas: abaratan la producción introduciendo competitividad y aumento de producción y empleo, y la expanden a otras áreas, generando inversión y exportaciones. Igualmente, consideró que las actividades industriales fueron las olvidadas en el largo periodo de crecimiento, pasando España de ocupar el 9º puesto mundial en PIB industrial en el año 1980 al 14º en 2010.
Las políticas que producen el abaratamiento y mejoran la competitividad son difícil de conseguir, producen desempleo y crean expectativas desfavorables por la reducción de consumo, mientras que las políticas de expansión de las actividades son difíciles de financiar y de implementar y exigentes en cooperación entre los agentes económicos y sociales y el conjunto de la población.
Entre las políticas que se pueden hacer abogó por varias reformas: de los convenios colectivos, de la regulación energética, de los servicios… En cuanto a los convenios, apuntó que el objetivo debe ser flexibilizar los salarios, facilitar el descuelgue de las empresas, favorecer la disminución de la dualidad entre personal fijo y temporal… Por lo que respecta a la regulación energética, destacó que hay que evitar el aumento del déficit de tarifa y trasladar parte de su coste a los presupuestos generales del Estado.
En cuanto otras políticas, señaló en cuanto a la innovación que sus efectos son decrecientes conforme se aumenta la inversión y respecto de la tecnología dijo que no se trata tanto de gastar en ella como de cosas menos tangibles (mejorar su uso, sistema adecuado, preparación de quiénes la apliquen…). Y apuntó a otras necesidades: más propensión de las empresas a exportar (y por ende, mayor tamaño empresarial), nuevos mercados, más atención a las pymes…
CONFERENCIA DE CLAUSURA. COMPETITIVIDAD Y REFORMAS
Josep Piqué i Camps.- Presidente del Círculo de Economía de Cataluña.
Hizo el conferenciante un relato del desarrollo de la crisis apuntando en su origen a las políticas monetarias enormemente expansivas en la mayor parte de los países occidentales, favoreciendo un endeudamiento excesivo y un aumento del consumo, por lo que se terminan creando distintas burbujas (financiera, inmobiliaria, de demanda,…) que no se saben ni se quieren controlar. “España fue un ejemplo de acumulación de desequilibrios que afectaron tanto a las administraciones como a las empresas y a los hogares”, lo que terminó afectando no solo a la parte despilfarradora de la economía sino también, por causa de la restricción del crédito, a las empresas sanas. “Lo paradójico es que el sistema financiero, que debe ser el motor de la economía, hoy drena recursos de la misma”.
El mal diseño de la creación del euro y la actitud del gobierno en los primeros momentos de la crisis (negándola y luego tratando de llevar una política de estímulo, totalmente fallida) contribuyeron a convertir la crisis financiera en un problema de solvencia del Estado, lo cual, junto a la difícil reconversión del sistema financiero, hace pensar al conferenciante que al menos quedan 3 ó 4 años de crisis en España, si bien también dijo que este país no tiene porqué ser rescatado, ya que no es verdad que tengamos los mercados financieros cerrados.
En otras cuestiones afirmó que una buena parte del tejido empresarial había hecho con anterioridad sus deberes en innovación y de ahí su éxito exportador, no solo manteniendo cuota internacional sino incrementándola ligeramente. Pero en su conjunto el país ha perdido competitividad por lo que, al no poder devaluar, se produce una reducción de riqueza que afecta al conjunto de la sociedad.
Entre los déficits de nuestro sistema económico señaló un mercado de trabajo dual, con un tercio de los empleados en buenas condiciones y con derechos, otro sin ellos y un tercero sin trabajo, fruto de un tejido que no genera actividad. También apuntó a unas finanzas públicas que sube impuestos pero que no sabe qué hacer para que paguen todos los que tienen ingresos, y a unas administraciones públicas diseñadas para un país rico que se empobrece, por lo que es demasiado grande para las posibilidades actuales del país.