Ignacio Zubiri en el Observatorio Económico de Andalucía
“LA REFORMA FISCAL NO APOYA EL CRECIMIENTO, ES REGRESIVA, PONE EN RIESGO EL OBJETIVO DE DÉFICIT Y OBLIGA A RECORTAR AÚN MÁS EL GASTO PÚBLICO”
Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, afirmó en una conferencia en el Observatorio Económico de Andalucía que “la reforma fiscal que ha presentado el gobierno de España no apoya el crecimiento económico, es regresiva, pone en riesgo la consecución del objetivo de déficit y obligará a recortar aún más el gasto público”. Como resumen de todos sus males, Zubiri sentenció que es “todo lo contrario a lo que debería hacerse”, añadiendo que “ni es reforma ni se atiene a las recomendaciones que le ha hecho la Comisión Europea y otros organismos internacionales”.
El ponente expuso inicialmente el contexto en el que se presenta el proyecto de reforma, marcado por una evolución histórica de los resultados de nuestro sistema tributario que “ni en los tiempos de la euforia pre-crisis acercó los ingresos fiscales de España a la media europea”, con una presión siete puntos porcentuales del PIB por debajo de la media de la Unión Europea y la más baja de la UE-15 con excepción de Irlanda.
Como resumen de los tres grandes tributos, señaló que en el IRPF los tipos impositivos en España no difieren mucho de los del conjunto de la UE-15, existe menos progresividad en la aplicación a los cotizantes y el resultado es una recaudación mucho más baja; en el impuesto de sociedades, España está en la parte alta de los países miembros y en el IVA está en la media y existen pocas diferencias, pese a lo cual, si tenemos el segundo déficit público más elevado (salvo Irlanda), “la conclusión no puede ser otra sino que recaudamos mal”. Por otro lado, afirmó, “nuestro gasto público no puede decirse que sea más elevado que la media de la UE, sino lo contrario”.
El origen de este mal recaudar en España (la erosión de los ingresos fiscales, lo llamó el ponente) lo puso en tres hechos: la gran variedad de deducciones y bonificaciones fiscales, la elusión (usar una norma mal diseñada para pagar menos) y la evasión fiscal; en este sentido afirmó que “todos ellos son más realizables por los segmentos de mayor riqueza de la sociedad, muchas veces con justificaciones en políticas (apoyo a la vivienda, al ahorro, etc) que no deberían utilizar los impuestos para llevarse a cabo”.
“El sistema español está plagado de vías para la elusión fiscal (uso de sociedades interpuestas, sicavs y otras sociedades de inversión y al mismo tiempo, el fraude, estimado en el 20% del PIB, es el doble de los países más desarrollados, lo que no tiene justificación” destacó el ponente.
El principal condicionante del sistema es el compromiso de reducción del déficit público, pero además, existen recomendaciones de la UE y del Fondo Monetario Internacional (eliminar deducciones, atacar el fraude, subir el IVA…), ninguna de las cuales se ha abordado por el proyecto del gobierno, por lo que éste no tiene credibilidad ante esos organismos “y será difícil que sólo el crecimiento inercial de la economía haga subir la recaudación, por lo que cual habrá que buscar otra vía de reequilibrio de las cuentas pública: parece inevitable que se produzcan nuevos recortes de gasto, es decir, de prestaciones sociales”.
En cuanto al proyecto en sí, aceptó el ponente que hay una pequeña reducción de la presión fiscal sobre los segmentos de la población con menores recursos, “pero esa es la justificación para las grandes reducciones o el mantenimiento de las vías de elusión para los de más ingresos”. La reducción de los tramos fue considerada “regresiva y contra la progresividad”, al igual que la modificación de la tributación del ahorro y el mantenimiento de las deducciones sin limitar su aplicación a colectivos de menores ingresos.
Tampoco consideró que tenga ningún efecto beneficioso sobre la creación de empleo “porque las empresas no contratan por bonificaciones, con lo que éstas van directamente a los beneficios empresariales”. También rechazó que exista simplificación y, sobre todo, consideró un ejemplo pernicioso el que, con el elevado fraude existente “no haya ninguna medida que busque atajarlo”. Respecto a la reducción del impuesto de sociedades, consideró que solo afecta a las grandes empresas “porque las pymes ya tienen el tipo reducido”.
“La sostenibilidad de las cuentas públicas no está garantizada con estas medidas, por lo que es preciso que se incremente la presión fiscal sobre los segmentos mejor tratados históricamente por nuestro sistema impositivo, a saber, las empresas, las rentas altas y los patrimonios elevados”.
Como conclusión, el ponente consideró que se trata de unos cambios que “erosionan los ingresos públicos para beneficiar a las rentas más altas y a las grandes empresas” (en algún caso estimó que los grandes beneficiarios son las entidades financieras) con la posible consecuencia, con el incumplimiento de las expectativas “exageradas” sobre el aumento de la recaudación, de nuevas reducciones de prestaciones sociales y la necesidad de cumplir con los objetivos de déficit público acordados con la UE.
Algunas de las consideraciones del ponente fueron contestadas por algunos miembros del OEA, en especial las que planteaban incrementar la presión fiscal sobre las empresas de carácter familiar y los patrimonios más elevados.
