EL CONCISO
El teniente general retirado Enrique Biosca expone en una ponencia la situación del país en esta materia en un acto organizado por el Observatorio Económico de Andalucía (OEA)
El Observatorio Económico de Andalucía (OEA) volvió a poner el foco en uno de los debates más sensibles del momento: el papel de la defensa en la economía. Lo hizo en una nueva sesión de trabajo protagonizada por el teniente general retirado Enrique Biosca, quien abordó la cuestión bajo el título “Economía y Defensa. El precio de la libertad”.
Desde el inicio, Biosca dibujó un diagnóstico claro: España arrastra un déficit estructural en materia de defensa que compromete tanto sus capacidades como su autonomía estratégica. Una carencia que, según expuso, no responde únicamente a la inversión puntual, sino a una falta de continuidad en el esfuerzo presupuestario a lo largo del tiempo.
En este sentido, el militar retirado apuntó a un patrón recurrente en la política económica española: la defensa suele ser una de las primeras partidas en sufrir recortes en momentos de dificultad, mientras que su recuperación queda relegada cuando la situación mejora. Frente a ello, defendió la necesidad de entender la seguridad y la defensa como un bien colectivo, al mismo nivel que otras políticas públicas como la sanidad o la educación.
La consecuencia de esta infrafinanciación sostenida ha sido, en su opinión, tangible. Biosca puso ejemplos concretos, especialmente en el ámbito aéreo, donde España ha perdido capacidades relevantes como aeronaves de guerra electrónica o de patrulla marítima. Una merma que no solo afecta al presente operativo, sino también a la preparación futura de las Fuerzas Armadas.
El contexto europeo, sin embargo, introduce nuevos elementos en el debate. La Unión Europea ha comenzado a reconocer la necesidad de reforzar su autonomía estratégica, aunque, como subrayó el ponente, aún carece de mecanismos sólidos para garantizar que los Estados cumplan sus compromisos. En este marco, iniciativas como el programa EDIP apuestan por invertir más y mejor, pero también de forma coordinada a nivel europeo, impulsando un tejido industrial propio en defensa.
España parte de una posición ambivalente. Por un lado, mantiene un peso relevante en el sector, situándose como noveno exportador mundial de material de defensa en el periodo 2020-2024, con cerca de 10.000 millones de euros de producción y unos 90.000 empleos asociados, gran parte vinculados a la exportación. Por otro, continúa rezagada en términos de esfuerzo inversor dentro de la OTAN, ocupando los últimos puestos del ranking pese al incremento reciente del gasto.
En este escenario, Biosca apuntó a un posible cambio de tendencia. El impulso europeo y las tensiones geoestratégicas han favorecido la puesta en marcha de un nuevo marco nacional, articulado en torno al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa, que movilizó 10.000 millones de euros en 2025 y plantea una senda inversora más estable a medio y largo plazo.
Más allá de la dimensión estrictamente militar, el teniente general retirado incidió en el impacto económico de este esfuerzo. La defensa, señaló, puede actuar como palanca de innovación, desarrollo tecnológico y creación de empleo, especialmente en ámbitos como las tecnologías duales, la integración de pymes o la reconfiguración del tejido industrial.
Con ello, la sesión del OEA dejó una idea de fondo: el debate sobre el gasto en defensa ya no es únicamente una cuestión de seguridad, sino también de modelo económico y posicionamiento estratégico en el mundo.
