Francisco J. Ferraro
Diario de Sevilla
Pág. 4
http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/1555696/asi/pacta/cualquiera.html
Esta semana se ha producido un hecho infrecuente en el Congreso de los Diputados. Al acuerdo adelantado por Rubalcaba y Rajoy sobre la posición del gobierno en el Consejo Europeo, y posteriormente precisado por sus respectivos partidos, se le unieron CiU, PNV, UPyD, Coalición Canaria y UPN, por lo que fue apoyado por 317 diputados de los 350 que forman la Cámara. Independientemente de la trascendencia que el acuerdo haya podido tener para las conclusiones finales del Consejo Europeo, merece reflexionar sobre el propio acuerdo por ser la primera respuesta a la demanda crecientemente extendida en la sociedad de que los partidos políticos aborden un pacto de Estado para hacer frente conjuntamente a la crisis.
El acuerdo está presidido por la petición al Consejo de que «la Unión Europea debe reorientar sus políticas y combinar las políticas de consolidación fiscal con aquéllas que impulsen el crecimiento», para lo que se demanda avanzar en la unión bancaria y fiscal, la recapitalización directa de los bancos, impulsar el crecimiento y el empleo con todos los instrumentos disponibles en la UE, nuevas iniciativas para fomentar el empleo juvenil, o incrementar la capacidad de inversión del Banco Europeo de Inversiones. Un conjunto de peticiones a las instituciones europeas que, además del respaldo de la inmensa mayoría del Congreso de los Diputados, también recoge la opinión dominante de los analistas económicos, de los organismos internacionales y probablemente de la sociedad española. Pero, ¿constituye realmente un pacto entre los partidos políticos?
El Diccionario de la Lengua Española define el pacto como «concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado». Trasladado al ámbito político, un pacto debe implicar el compromiso por las partes firmantes de defender el documento pactado, para el que, se supone, han tenido que hacer concesiones en parte de sus intereses o posiciones en orden a un beneficio común mayor. ¿Es este el caso? No parece serlo. El Partido Socialista viene demandando una «austeridad inteligente» desde hace tiempo, según la cual deben moderarse los ajustes y compensarlos con políticas expansivas, que sólo pueden abordarse desde las instituciones europeas por las restricciones fiscales españolas. Además, necesita que se le siga identificando con un partido con visión de Estado. Por su parte, el Partido Popular también viene reclamando un poco de árnica a las políticas de ajustes y reformas que le están haciendo perder apoyo público, y al gobierno le fortalece un apoyo parlamentario más amplio que el de su propio partido ante el Consejo Europeo, mientras que los restantes partidos que lo han apoyado finalmente, también compartían el contenido de la proposición previamente. En consecuencia, los partidos han tenido poco o nada que ceder, puesto que la proposición no de ley es una demanda que se realiza a las instituciones europeas para que se aborden decisiones, regulaciones o financiación comunitaria.
Bienvenido sea en cualquier caso el acuerdo. En primero lugar, porque es posible que haya favorecido la consecución de algunas de sus propuestas en el reciente Consejo Europeo, aunque las conclusiones del Consejo han sido bastante modesta en relación con las demandas acordadas por la proposición no de ley acordada por los partidos. Y, en segundo lugar, porque la experiencia del acuerdo y la esperable comprobación de que el ejercicio pactista no sólo no resta apoyo ciudadanos a los partidos políticos, sino que puede ayudarles a recuperar aprecio social, debe estimular a que se planteen pactos políticos de mayor envergadura, como los que España necesita: Un pacto de Estado que acuerde reformas en profundidad, que deben afectar a ámbitos estrictamente políticos (ley de partidos, ley electoral, ley de transparencia), de la organización del Estado (reforma de la administración pública, de la justicia,…) y estrictamente económicos (reforma tributaria, del mercado de trabajo, del sistema de pensiones, energética,….). Un conjunto de reformas que probablemente exigirán reformas constitucionales. El pacto constitucional y los pactos de la Moncloa de la Transición deben servir de referente: la conciencia y la decisión política de que era necesario cambiar reglas del juego e instituciones públicas permitió dotarnos de un marco institucional imperfecto, pero con el que hemos crecido política, económica y socialmente durante más de tres décadas. Ahora se hacen necesarias importantes reformas en ese esquema institucional y, como entonces, dado que se encontrará con la resistencia de los colectivos cuyo statu quo se verá afectado por las reformas, se hace necesario un ejercicio de generosidad política por parte de los partidos para que las reformas tengan un mayor respaldo político y, en consecuencia, ciudadano.