Publicado en «Grupo Joly»
El mes de octubre pasado bate récord de corrupción: 127 personas han sido investigadas por la Operación Púnica, las tarjetas negras de Caja Madrid y la familia Pujol, lo que se suma a los casos Gürtel, Bárcenas, Palma Arenas, Nóos, ERE fraudulentos, Pallerols, cursos de formación, etc. Un goteo incesante de casos de corrupción que está provocando náuseas e indignación. Estado de ánimo propicio para que los populismos arraiguen, por lo que muchos españoles están preocupados por el futuro de la democracia española.
Sin embargo hay motivos para la esperanza. En primer lugar porque los ciudadanos muestran su rechazo hacia la corrupción de forma generalizada. En segundo lugar porque los casos de corrupción que ahora se descubren corresponden al pasado reciente. En tercer lugar porque si están saliendo a la luz estos casos es porque muchas instituciones del Estado están haciendo bien su trabajo. Y en cuarto lugar porque, a regañadientes y con retraso, los partidos políticos mayoritarios han pasado de su complaciente invocación a la presunción de inocencia a las fulminantes expulsiones de los políticos imputados en los últimos casos de corrupción.
El clamor popular contra la corrupción de los últimos días llevó a los partidos a convertir el pleno del Congreso del pasado miércoles en un debate no previsto en el que la corrupción se convirtió en arma arrojadiza entre el Partido Popular y la oposición, y a que se rompiese el pacto de medidas anticorrupción que se estaba fraguando entre el PP y el PSOE. Como consecuencia de ello, los partidos mayoritarios se apresuran en proponer iniciativas legales contra la corrupción, entre las que se incluyen la incorporación al Código Penal del delito de financiación ilegal de partidos, el cese obligatorio de los altos cargos y la suspensión de parlamentarios y concejales llamados a juicio oral por delitos de corrupción política, o incrementar las penas de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, mientras que el Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (que estaba anunciado desde el inicio de la legislatura), la creación 300 plazas de jueces y la reactivación de dos proyectos de ley con medidas anticorrupción, que envió al Congreso el pasado mes de marzo, si bien ya el 20 de febrero de 2013 Mariano Rajoy ofreció un pacto sobre la corrupción y detalló una larga relación de medidas que no se ha concretado todavía.
Bienvenido sean la nuevas iniciativas, pero ningún paquete de medidas anticorrupción apagará la ira popular si no tiene un amplio apoyo parlamentario y si no se aborda en el marco de un pacto por la regeneración democrática, pues la corrupción es sólo el aspecto más evidente y sangrante de la degeneración de la democracia en partidocracia, que ha llevado al acaparamiento del poder por los partidos y a la opacidad de su funcionamiento, mecanismo gracias al cual las cúpulas dirigentes se han ido convirtiendo en los actores únicos de la democracia española con el control de todas las instituciones del Estado. Una degeneración de la democracia, que la convierte en sectaria y clientelar, y que es la base de la percepción ciudadana que identifica a los partidos y a los políticos como el segundo problema nacional (después del paro).
La falta de cauces para la participación en la vida pública deja a los partidos como protagonistas únicos del juego político, y la alternancia en el gobierno de los partidos mayoritarios convierte a la lucha por poder en su objetivo central, por lo que la beligerancia dialéctica es elevada y las posibilidades de colaboración entre los partidos muy remotas, excepción hecha del reparto de cuotas de poder en la diversidad de instituciones colegiadas del Estado. Sin embargo, la legitimidad democrática requiere que sean los partidos políticos quienes tomen medidas para luchar contra la corrupción y regenerar la vida democrática, y que esas medidas se acuerden en un pacto amplio que suscriban la mayoría de los parlamentarios.
Por todo ello, porque la corrupción se está convirtiendo en el primer problema nacional y un cáncer que puede arruinar la democracia, porque la eclosión de casos recientes ha elevado la indignación social y acechan opciones populistas, y porque en la partidocracia imperante se encuentra el germen de la desmesura de la corrupción en nuestro país, es el momento de abordar un proceso de regeneración democrática que devuelva el poder a los electores frente a los aparatos de los partidos, para lo que es recomendable un sistema de elección directa de los representantes públicos, como en la mayoría de las democracias representativas más consolidadas del mundo. Además, es imprescindible que se asegure la transparencia de los partidos políticos, de las administraciones públicas y del uso de los fondos públicos, y que se despoliticen los órganos de control, reguladores y otras instituciones del Estado.
Posibles destacados
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Ningún paquete de medidas anticorrupción apagará la ira popular si no tiene un amplio apoyo parlamentario y si no se aborda en el marco de un pacto por la regeneración democrática
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La partidocracia degenera la democracia, y la convierte en sectaria y clientelar
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La falta de cauces para la participación en la vida pública deja a los partidos como protagonistas únicos del juego político
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Es el momento de abordar un proceso de regeneración democrática que devuelva el poder a los electores frente a los aparatos de los partidos