Manuel Hidalgo, economista y ex secretario general de Economía en la Junta, considera que la iniciativa «sería más una limpieza del inventario que una desregulación»
El Gobierno de Juanma Moreno ha aprobado esta semana el primer ‘Plan de Calidad y Simplificación Normativa de la Junta de Andalucía’, pero desde el ámbito económico se advierte de que su éxito no dependerá de la cantidad de leyes que se eliminen, sino del impacto real en el día a día del tejido empresarial.
El economista Manuel Hidalgo, del Observatorio Económico de Andalucía (OEA), profesor de la Universidad Pablo de Olavide y ex alto cargo de la Junta, ha cuestionado el enfoque numérico del proyecto: «Mientras el objetivo se mida en normas y no en tiempo ahorrado a ciudadanos y empresas, cuesta saber si se ha salido de la fase de diagnóstico».
Hidalgo, que impulsó medidas similares cuando fue secretario general de Economía del Gobierno andaluz hace 6 años, ha considerado positivo que se mantenga esta estrategia de revisión. Sin embargo, ha señalado que el resultado de los años anteriores «ha sido más modesto de lo que se esperaba».
Por ello, ha insistido, en conversación con Economía Digital, en que contabilizar leyes derogadas no refleja el alivio real de los negocios. Lo fundamental, ha recalcado, es medir «cuántas horas o cuántos euros de carga se ahorran y qué plazos reales de resolución se consiguen»
Superposición de las normativas
El diagnóstico de la Junta de Andalucía detalla que actualmente figuran como vigentes 10.682 disposiciones autonómicas. El primer eje del plan revisará 461 de estas normas para identificar cuáles han perdido su objeto, son redundantes o están obsoletas para avanzar en su eliminación.
Sobre este recorte, que apenas supera el 4% del total normativo, el analista de la UPO ha apuntado que «revisar normas que ya no se aplican es necesario y está bien que se haga», pero ha matizado que, en la práctica, «sería más como una limpieza del inventario que una desregulación».
En este sentido, Hidalgo ha incidido en que el volumen de leyes no es el principal freno operativo para las compañías de Andalucía: «A las empresas no les suele pesar el número de normas. Les pesa no saber qué norma se aplica, cómo se interpreta y ante quién tienen que tramitar».
Según el economista, gran parte de los obstáculos nacen de la falta de claridad y de la superposición de reglas que imponen Europa, el Estado, la comunidad y los ayuntamientos, un escenario complejo que «no se arregla solo desde la Junta».
Superposición de las normativas
El diagnóstico de la Junta de Andalucía detalla que actualmente figuran como vigentes 10.682 disposiciones autonómicas. El primer eje del plan revisará 461 de estas normas para identificar cuáles han perdido su objeto, son redundantes o están obsoletas para avanzar en su eliminación.
Sobre este recorte, que apenas supera el 4% del total normativo, el analista de la UPO ha apuntado que «revisar normas que ya no se aplican es necesario y está bien que se haga», pero ha matizado que, en la práctica, «sería más como una limpieza del inventario que una desregulación».
En este sentido, Hidalgo ha incidido en que el volumen de leyes no es el principal freno operativo para las compañías de Andalucía: «A las empresas no les suele pesar el número de normas. Les pesa no saber qué norma se aplica, cómo se interpreta y ante quién tienen que tramitar».
Según el economista, gran parte de los obstáculos nacen de la falta de claridad y de la superposición de reglas que imponen Europa, el Estado, la comunidad y los ayuntamientos, un escenario complejo que «no se arregla solo desde la Junta».
Un alivio tardío en Andalucía
Otro de los puntos críticos que se han puesto sobre la mesa es cuándo notarán los negocios esta agilización. El plan de la administración andaluza nace con una vigencia de 2 años para estudiar la tramitación de 377 procedimientos y comprobar la actualización de casi otros 950. El objetivo es evaluar si se pueden acortar plazos, suprimir informes o sustituir permisos por declaraciones responsables y comunicaciones.
Pero, al tratarse de un periodo enfocado en estudiar y justificar posibles cambios, el experto del OEA ha avisado de que «el alivio llegaría más tarde» y de que, a corto plazo, el plan por sí solo «no cambia el día a día de una empresa».
El documento de la Junta de Andalucía también incluye que las distintas consejerías estudien si el silencio administrativo desestimatorio puede pasar a ser positivo en determinados trámites, empezando por las autorizaciones.
