El lunes 11 de febrero se celebro una sesión del Observatorio Económico de Andalucia donde se trato la Reforma de la Administración Local y que contó con la participación de Román Gómez Millán, socio director de AUREN Corporaciones Públicas.
El ponente comenzó su intervención señalando su convencimiento en que la Reforma de la Administración debía iniciarse por la administración local, la más cercana a los ciudadanos.
El ponente, Román Gómez-Millán, expuso en primer lugar los cambios normativos que introduce la reforma prevista sobre la administración local, posteriormente se refirió a los efectos que la novedades legislativas pueden provocar, y finalizó su intervención con un análisis sobre el sector público empresarial local sobre la base de una amplia información estadística.
En el primer apartado centró su intervención en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, pendiente de presentarse al Consejo de Ministros, ley que viene a sustituir a la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local, y que en su exposición de motivos plantea los objetivos con la que surge, esto es, racionalizar la estructura organizativa de la administración local, guiada por los principios de eficiencia y equilibrio financiero, clarificar competencias y evitar duplicidades, y fomentar el control financiero y presupuestario.
Respecto a la racionalización de la estructura organizativa de la administración local, señaló que va a implicar, por un lado, el fortalecimiento de las diputaciones, ya que asumirán competencias de los municipios de menor tamaño, lo que conllevará a la prestación de servicios comunes centralizados y a la reducción de las estructuras administrativas y, por otro lado, también supondrá una revisión del sector público empresarial.
Respecto al objetivo de clarificar competencias y evitar duplicidades, señaló que como se recoge en el anteproyecto de ley, se persigue definir con precisión las competencias de la Administración Local, diferenciándolas de las competencias autonómicas y estatales, y que las entidades locales no vuelvan a asumir competencias que no les atribuye la ley y para las que no cuenten con financiación adecuada, aunque se establecen ciertas matizaciones. A continuación, el ponente fue señalando la casuística en función de si se trata de servicios propios obligatorios, servicios delegados o servicios impropios.
En relación con el tercer objetivo que persigue esta reforma, el control financiero y presupuestario, se contempla que el gobierno podrá establecer normas, procedimientos y criterios de control, auditorias y la regulación parcial de los funcionarios de la administración local.
Román Gómez-Millán paso luego a dar respuestas a algunas de las preguntas que surgen a raíz de esta reforma, destacando, entre otras, que esta norma no supone la desaparición o fusión de municipios sino que algunos verán reducidas sus competencias y quedarán con una estructura mínima, y éstas serán asumidas por las diputaciones provinciales.
Esta reforma tendrá una serie de consecuencias tanto económicas como de control, pero son aspectos que habrá que abordar.
Por último, hizo un repaso sobre el sector público local destacando, entro otros datos, que en España existen 1.134 empresas públicas locales activas con un balance de 30.000 millones de euros, con 61 códigos CNAE distintos y que ocupa a 75.321 personas. De estas empresas, 262 están en Andalucía y de ellas, 65 en la provincia de Sevilla.
Tras la finalización de su intervención, comenzó un debate muy participativo entre los asistentes y el ponente, que puso de manifiesto el interés suscitado por el tema.
