Francisco J. Ferraro
Diario de Sevilla
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En la década de los noventa del pasado siglo y en los primeros años del actual la deslocalización industrial fue un motivo de preocupación ciudadana cuando empresas trasladaban su producción a otros países en los que los costes laborales eran más reducidos, tenían menor presión fiscal o mayor permisividad ambiental. Este fenómeno no era nuevo en la historia, pero adquirió más relevancia tras la caída del muro de Berlín y la creciente liberalización del comercio internacional y, sobre todo, tras la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio en el año 2000 y, posteriormente, de otros países asiáticos, produciéndose un notable desplazamiento de la industria manufacturera hacia Asia en detrimento de las industrias europea y estadounidense. También otros países en desarrollo o emergentes de todos los continentes han recibido inversiones para asentar en su territorio nuevas industrias, cuya producción se destinaba mayoritariamente a los países desarrollados. Este proceso de deslocalización ha afectado a casi todos los países y regiones, incluida Andalucía, donde se cerraron plantas industriales (Gillette, Delphi, Visteon, Fujitsu, Induyco, Suzuki, Alcatel, Roca, etc.) por muy diversas motivaciones.
Pero la dinámica económica no es lineal, y en el tiempo reciente se está produciendo un proceso de relocalización industrial, según el cual se desmantelan total o parcialmente plantas industriales en países emergentes y se realizan nuevas inversiones industriales en países desarrollados, contraviniendo la profecía de la sociedad postindustrial, según la cual los países de mayor desarrollo se especializarían en servicios y desplazarían la actividad industrial a los de menor desarrollo.
La explicación fundamental del incipiente proceso de relocalización viene explicado por la maduración de los países emergentes, lo que lleva aparejado un aumento de los costes laborales. Pero también se toman en consideración otras variables económicas que pasaron desapercibidas, como el hecho de que lo realmente trascendente es el coste final de producción, y en éste hay que contabilizar los costes de transporte, del personal expatriado desde las empresas, de la adaptación de los servicios a las empresas, de la formación de los trabajadores en destino, los logísticos, los de implantación y mantenimiento de las instalaciones, etc. A estas razones se suman los problemas de calidad, la especificidad de ciertas producciones con series cortas o para clientes que exigen proximidad, otras que requieren personal muy cualificado, la integración entre innovación y fabricación, o la reducción de la participación de los costes laborales por la creciente automatización de la producción.
Lo cierto es que el proceso de relocalización de empresas ha pasado de ser anecdótico hace una década a ir ganando relevancia con decisiones de desinversiones que en Japón supusieron un 30% del total de la inversión directa la pasada década, y en Estados Unidos las empresas que se relocalizan van aumentando en número y afecta a casi todos los sectores, en lo que ayuda el clamor nacionalista por el desempleo en plataformas como Reshoring Iniciative, que tiene como objetivo atraer a industrias manufactureras y combatir el pensamiento dominante de que es más barato desplazar las producciones industriales a países en desarrollo. También en España se están produciendo procesos de relocalización, muy singularmente en el sector textil y confección, mientras que en otros sectores, como el automovilístico, el aumento de la productividad y la reducción de los costes laborales está permitiendo que inversiones de nuevos productos por empresas multinacionales se realicen en factorías españolas.
En Andalucía el peso de la industria en la actividad económica se ha reducido notablemente. El sector ha pasado de representar el 18,4% del VAB en 1986 al 8,9% en 2009. Desde entonces la recesión no ha hecho más que debilitar a la industria regional… Pero la industria sigue siendo fundamental para la economía de una región como Andalucía por su papel central en las interrelaciones productivas, por su contribución al comercio internacional, por su capacidad de innovación, etc.. Por ello, dado que existen 1,44 millones de parados en Andalucía y el complejo inmobiliario-construcción no los va a ocupar, la necesaria reestructuración productiva de la economía andaluza debe tener en la industria su principal apuesta. Y para ello debe abordarse una política industrial consecuente en todos los ámbitos de las distintas administraciones. Una política industrial que, más que subvenciones, requiere un marco regulatorio estable, agilidad en los trámites administrativos, transparencia y profesionalidad en los gestores públicos, un sistema laboral flexible, infraestructuras adecuadas, precios razonables de la energía eléctrica y otros suministros básicos, recursos humanos con la formación adecuada y un ambiente social que no sea reactivo a la industria.
