Resumen de la conferencia de Joaquín Aurioles sobre «La hipótesis del desempleo consentido. Una explicaciíon del atraso secular de Andalucía»
El formidable sistema de subsidios y transferencias interregionales de renta (STR en adelante) levantado en España en torno al Estado de las Autonomías y la política de desarrollo regional puesta en marcha con la integración de nuestro país en la Unión Europea apenas han tenido repercusión en la corrección de los desequilibrios regionales en España. En el caso de Andalucía, la evolución del diferencial en PIB per cápita entre esta comunidad y el conjunto nacional en el periodo 1960-2018 pone de manifiesto una dinámica similar en los primeros 25 años del periodo (sin sistema autonómico y sin política regional europea) y en la segunda parte del mismo, con una reducción tan mínima del mismo que no permite hablar de éxito en ambas políticas. Igualmente, el nivel de paro entre los años 1980 y 2018 ha mantenido, prácticamente, los mismos 8 puntos de diferencial negativo para Andalucía (con altibajos, pero en una media similar) e incluso en la productividad hay que señalar un incremento del diferencial igualmente negativo para esta comunidad en el mismo periodo.
El interés por conocer las causas del atraso andaluz y el estudio de la persistencia de las diferencias regionales lleva a preguntarse por qué no funciona el ajuste automático en las relaciones entre niveles salariales, empleo y emigración, tal y como postula el análisis económico. En el caso de España, no lo ha hecho porque el sistema STR ha frenado la emigración de la fuerza laboral de las regiones menos desarrolladas a las más y ha presionado al alza sobre los salarios en las menos desarrolladas, desactivando la competencia salarial y provocando que se mantengan, o amplíen, las diferencias de productividad en beneficio de las más avanzadas y, consecuentemente, los desequilibrios regionales.
Los modelos de subdesarrollo regional (Desmet, K. and Ortuño Ortiín, I. (2007). Rational Underdevelopment. Scandinavian Journal of Economics, 2001, v. 109, n. 1, pp. 1-24) proporciona los fundamentos teóricos que permiten sostener este postulado. Las regiones avanzadas ( donantes a la solidaridad interregional) obtienen ventajas a corto (evitan la competencia salarial y la posible salida de empresas) y a largo plazo (mantienen su posición en el ranking de territorios) del establecimiento de un sistema der STR entre regiones, mientras que las regiones atrasadas obtienen ventajas a corto (consiguen frenar la emigraciób y asentar a la población y el deterioro del salario relativo) pero desventajas a largo ( la persistencia en el atraso relativo). Las regiones más beneficiadas del establecimiento de un sistema STR serían, por tanto, las más avanzadas, lo que convierte en plenamente racional su decisión de contribuir a su financiación.
En el caso de las regiones atrasadas, la decisión de aceptar el sistema también es racional, sobre todo en clave política, siempre que la valoración de las ventajas a corto plazo compense el coste de sus consecuencias a largo (desempleo elevado y atraso relativo). Desde esta perspectiva, la explicación del atraso relativo de Andalucía y de la permanencia en el tiempo del diferencial con España en tasa de paro puede explicarse como una decisión política racional, por lo tanto, consentida, compartida por regiones avanzadas, atrasadas y por el conjunto del país.
Esto no quiere decir que si Andalucía quiere converger con el resto de España tenga forzosamente que aceptar el coste de la emigración y la brecha salarial permanente respecto del resto de España. Apunta, más bien, a la necesidad de aplicar, en España y Europa, un modelo de políticas de desarrollo territorial diferente de las aplicadas en los últimos decenios. Políticas que se han puesto en marcha en otros escenarios con relativo éxito y que tienen que ver más con el tipo de competencia entre territorios. Estos pueden ser de tipo salarial (como el descrito hasta ahora y el seguido en los países del Este europeo), de tipo tecnológico (mediante la formación del capital humano y la mejora intensiva en los diferentes aspectos de la innovación aplicada a las actividades económicas, lo que opera a través de la productividad) y la fiscal (mediante la concesión de ventajas fiscales), que fue la estrategia seguida antes de la crisis en Irlanda que diera lugar a la denominación de “el tigre celta”. También caben otras opciones, como la inversión en infraestructuras y capital público, como forma de alcanzar mejoras en materia de productividad y competitividad, o la calidad de las instituciones.
Por otro lado, la crisis de 2008 provocó la asfixia financiera en algunas comunidades donantes a la solidaridad y tuvo un impacto especialmente notable en comunidades como la andaluza. El debilitamiento del sistema STR, como consecuencia de la crisis de solidaridad que vino después, plantea un nuevo escenario de prioridades políticas en el que Andalucía podría encontrar opciones de desarrollo que no existieron en el pasado.
Estas opciones, en el momento actual, es difícil que pasen por la competencia tecnológica para territorios como Andalucía, donde el nivel actual es muy bajo y la formación un déficit importante. También la competencia fiscal se enfrenta a retos enormes por la situación política actual del país (donde, como se sabe, el País Vasco y Navarra ya cuentan con ventajas de ese tipo), fundamentalmente con el desafío del soberanismo catalán. No en vano el conflicto se inició con la exigencia del gobierno de la Generalitat de un régimen fiscal para Cataluña similar al del País Vasco y Navarra (coincidente con el momento más álgido de la reciente y aún no superada del todo crisis económica), para transformarse después en la reivindicación de independencia.
Si Andalucía rechaza la vía de la competencia salarial por sus costes sociales y no consigue un estatuto fiscal favorable, se condena a más décadas de atraso. De ahí la trascendencia de la posición que debe adoptar esta comunidad en el posible debate sobre la reforma del título VIII de la Constitución (el modelo territorial), como vía para la búsqueda de solución al conflicto en Cataluña, debate en el que no puede aceptar criterios que supongan. que las regiones con mayores niveles de productividad obtengan ventajas fiscales de las que se deriven ganancias competitivas frente a las más atrasadas. la concesión de más ventajas fiscales a regiones con elevados niveles de desarrollo.
